CEO de Minera Las Cenizas: “Sin grandes inversiones en minería, las arcas fiscales dejarán de recibir los grandes retornos que necesita”

  • Estas son algunas de las declaraciones del gerente general,  Cristián Argandoña, a la Revista BOLETIN MINERO de SONAMI y replicadas en distintos medios nacionales especializados , sobre el impacto que tendría en la industria la aprobación de la Nueva Constitución con las normas mineras incluidas y ya conocidas por gran parte de los actores del sector.

«Cristián Argandoña, gerente general y CEO del Grupo Minero Las Cenizas, es un referente en la industria, particularmente en la mediana minería. Él es un ejecutivo que tiene una trayectoria minera de más de 40 años y, actualmente, además es miembro del directorio de SONAMI. En resumidas cuentas, Argandoña es un profesional con voz propia y escuchado en el sector«, reseña la introducción de la entrevista al ejecutivo en la última edición de Boletín Minero SONAMI.

El 4 de septiembre de 2022 será un día histórico para Chile. En un nuevo Plebiscito nacional, se aprobará o rechazará la nueva Constitución, normativas que impactarán a gran parte de las industrias del país.

En lo particular y relacionado a esta actividad productiva, las principales voces de la minería nacional han dejado ver su visión frente a los artículos incluidos en el borrador de la nueva Carta Magna y por ende, las inquietudes que éstas generan por el impacto que habría en el desarrollo del sector.

Cristián Argandoña, gerente general del grupo minero Las Cenizas, y miembro del directorio de Sonami,  expone su percepción manifestando que los artículos aprobados “llevarán al país a la pobreza, ya que no se concretarán las inversiones de la magnitud que el país necesita para generar desarrollo social y económico y, en concreto, sin grandes inversiones en la minería, las arcas fiscales dejarán de recibir los grandes retornos que necesita”.

El ejecutivo también se refirió a las diferencias que existen, actualmente, entre la gran y mediana minería con respecto al Sistema de Evaluación Ambiental; y la adquisición de Minera Franke por parte del grupo Las Cenizas, entre otros temas.

¿Cómo ha visto usted la discusión constitucional, en especial en lo relativo a la minería?

La discusión constitucional ha defraudado muchas de las expectativas de los chilenos que votaron el Apruebo con la esperanza de encontrar solución a los desequilibrios económicos y sociales que dieron origen las protestas octubre de 2019.

Desafortunadamente, para muchos, tanto en los sectores productivos, como en el marco jurídico, político y social, hemos visto propuestas radicales cuya aplicación acarrearía consecuencias diametralmente opuestas a la seguridad, equilibrio y certeza de futuro que todo país necesita para crecer y progresar, perjudicando en forma directa y severa el bienestar y aspiraciones de las familias chilenas.

Dentro de los sectores más perjudicados por estas propuestas, la mediana y pequeña minería son las que han recibido de las peores amenazas a su permanencia y subsistencia.

La inseguridad, desequilibrio e incerteza que se desprende de la propuesta que, hasta ahora, ha presentado la Convención, no solo afecta a los sectores productivos del país y, en particular a la minería, sino también a toda la estructura institucional, poniendo en riesgo valores fundamentales de libertad e igualdad, esenciales para el desarrollo armónico del país.

¿Coincide usted en que la Comisión de Medio Ambiente pecó de excesivo sesgo ideológico?

Como profesional activo de los medianos productores de cobre, con más de 40 años de supervivencia en este inestable segmento de la minería nacional, creo más en los hechos que en las palabras.

Da igual que las propuestas respondan a sesgos ideológicos, intereses partidistas o simplemente buenas intenciones. Se dice que “el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”.

El problema, más que en lo que proponen, lo cual se puede debatir, está en la actitud intransigente e irrespetuosa, casi arrogante de la Comisión, que sin explicación alguna ha rechazado nuestra solicitud de entablar con ellos un diálogo racional y sereno que, sobre la base de números y realidades, logre consensos en medidas que serán tan trascendentales para que haya desarrollo y sustentabilidad. Simplemente no se nos ha escuchado.

A mayor abundamiento, me parece grave y cuestionable el hecho que, una Iniciativa popular de normas, como la que presentó Compromiso Minero, donde participamos todos los estamentos de la minería, no haya sido discutida en su mérito ni revisada.

Las personas que presentaron el contenido de ella, tuvieron 10 minutos para hacerlo y 5 minutos de preguntas que no fueron al fondo del tema. La preparación de esa propuesta tomó casi 8 meses y convocó a más de 24 mil adherentes. En pocas palabras fue una falta de respeto con el sector.

Borrador de nueva Constitución
¿Qué le parece que el pleno haya rechazado los principales artículos que afectaban a la minería?

Hasta el momento me parece una burla que la Convención rechace en una instancia la nacionalización explícita de la minería, para luego, en otra instancia, con juegos de palabras y subterfugios legales, repongan una nacionalización disfrazada que vuelve a instalar esa incertidumbre que de ser aprobada resultaría fatal para la supervivencia de la minería nacional.

¿Qué opinión le merece que siendo la minería la principal actividad productiva, haya quedado con un artículo general y sin artículos específicos?

Muy negativo. Qué quiere que le diga. Chile es un país minero y sabemos que el cobre es “el sueldo de Chile”. Esto es demasiado serio como para entregar su regulación a una mayoría simple y a decisiones administrativas.

Pretender subordinar el principal ingreso y sustento del país a la ambición e intereses de las mayorías parlamentarias de turno es absolutamente incomprensible.

Sin una ley de rango constitucional que establezca un marco adecuado de estabilidad que dé confianza a los pequeños, medianos y grandes inversionistas que nuestro sector requiere para aumentar el sueldo de Chile, estaremos renunciando a un futuro mejor, abriéndole las puertas a la pobreza.

Si no hay estabilidad ni confianza no tendremos inversiones de la magnitud que el país necesita para generar desarrollo social y económico.

El Estado chileno no podrá desviar esas cantidades hacia la minería sin quitárselas a otras necesidades sociales más apremiantes; y sin grandes inversiones en la minería las arcas fiscales dejarán de recibir los grandes retornos que necesita.

¿Qué opinión le merece que se insista en otras instancias, artículos que fueron rechazados por el pleno?

Son artimañas que le quitan toda seriedad al proceso. No es posible que una norma permanente, que ya fue rechazada, sea modificada por una transitoria. Pretender torcerle la filosofía a este proceso me parece peligroso y negativo. Es muy perjudicial no solo para la minería.

¿Cómo observa el futuro de la minería con el actual borrador de la nueva Constitución?

Con profunda preocupación. Una Constitución como la que se propone deja a la minería con un nivel de vulnerabilidad mayor al que hoy día tiene.

Esperábamos una propuesta que corrigiera errores, que perfeccionara sistemas, que creara condiciones de equidad, seguridad y justicia para todos los chilenos.

No veo cómo se podrán materializar las propuestas de los constituyentes sin una industria del cobre estable y consolidada en Chile; y adecuadamente integrada al mercado internacional productor y comprador de cobre, del cual dependemos.

Mediana minería
¿Está usted a favor de mantener la actual normativa que aplica a la mediana minería?

Creo que el sistema normativo que en Chile se ha construido es particularmente perjudicial para las empresas del tamaño nuestro. Esto ya lo he planteado en otras ocasiones. No es lógico que una empresa de la mediana minería, que tiene un proyecto concreto, tenga que entrar hasta siete veces al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) para poder extender la vida del proyecto, porque nuestras exploraciones siempre son mucho más acotadas.

En comparación a los grandes proyectos, nosotros inyectamos pocos recursos y vamos avanzando un par de años en cada fase de desarrollo. Y en cada intento por avanzar a la siguiente etapa del proyecto, estamos obligados a renovar todos los permisos ambientales, exponiéndonos a que en cada una de esas entradas al Sistema de Evaluación Ambiental cambien los criterios, cambien las formas de evaluar, dejando obsoletos muchos proyectos porque no se puede atender tal o cual aspecto.

Las grandes mineras entran una sola vez, evalúan el proyecto a 40 años o más y punto. No vuelven a entrar al SEA. Eso es discriminatorio y castiga el desarrollo de la mediana minería.

¿Cree usted que Chile dejó de ser un país atractivo para grandes inversiones mineras?

Con las condiciones y normativas actuales, siento que el único espacio que tiene la minería en Chile son los proyectos de mediana envergadura. Los grandes proyectos requieren 10 o 15 años en poder madurar y, en ese tiempo, pasan muchas cosas, por lo tanto, preferimos abordar proyectos de tamaño mediano, que se pueden poner en operación relativamente pronto y disminuir estos plazos a 5 u 8 años.

De todas formas, es un tiempo largo, pero es bastante menor que los que requiere un proyecto de gran magnitud. Es probable que en esta dinámica podamos encontrar la explicación del por qué la producción minera anual (toneladas de cobre) se haya mantenido e incluso algo por debajo de los que producíamos hace 10 años atrás.

En mi opinión, es urgente reformular el sistema de evaluación ambiental identificando correctamente los tamaños de las empresas a objeto de aplicar medidas ajustadas a esos tamaños como asimismo implementar una “ventanilla única” para ingresar los proyectos y obtener las autorizaciones respectivas, eliminando todos los trámites con los distintos organismos sectoriales, que han generado un incremento inexplicable e ineficiente de la burocracia para autorizar un proyecto o modificación del mismo.

Sólo de esta forma retomaremos el crecimiento en la producción minera de forma sostenida y así generar los recursos económicos que el país tanto necesita para atender las numerosas demandas sociales.

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