Se dijo del medioambiente esta semana

La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) lamenta que decisiones relevantes en el SEIA se estén tomando con criterios no técnicos

Esperamos que el Gobierno imponga un criterio técnico en este tipo de decisiones y con ello dé señales concretas y eficaces para reactivar la inversión, la generación de empleo, la productividad y el crecimiento, único camino para promover el desarrollo sostenible del país y de todos los chilenos y chilenas, dijo la Sofofa por medio de un comunicado.

Es Lamentable que decisiones relevantes en el SEIA se estén tomando de acuerdo a criterios que no sean técnicos, en abierta contradicción con lo mandatado por la ley.

Cerca de un tercio de los proyectos que han sido rechazados desde marzo de 2022 han certificado el cumplimiento irrestricto de la normativa ambiental, no obstante, han sido calificados desfavorablemente por las comisiones de evaluación por razones distintas a las técnicas, propias del sistema de evaluación ambiental”, puntualizan.

Según cifras del gremio empresarial, se les cerró la puerta a proyectos de inversión de un monto cercano a US$ 250 millones y que generarían “un número relevante de nuevos empleos”.

Según catastro de la CPC, causas de proyectos de inversión judicializados llegan a 82 y se duplican en los últimos dos años

El sector minero concentra más del 50% de los montos de inversión judicializados desde que existen los tribunales ambientales (US$ 26.500 millones), secundada por el sector energético que representa el 23% (US$ 12.000 millones).

De acuerdo al informe de la Confederación de la Producción y del Comercio, en la primera mitad del 2022, el stock de causas en trámite actualmente judicializadas exhibe subió de 68 a 82, con un aumento en los montos de inversión de US$ 15.729 millones a US$ 16.803 millones) en relación con el semestre anterior.

El número de estos casos en los tribunales ambientales es más del doble fr los 38 que mostraba el primer semestre del 2020. Javier lrarrázaval, director de Políticas Públicas de la CPC, dice que la situación es preocupante porque «quiere decir que los tribunales ambientales tienen el doble de carga de trabajo, lo que podría derivar en que se aumenten los tiempos de espera, lo que es perjudicial para los reclamantes, para la inversión y para la percepción de acceso a la justicia en general».

Funcionamiento del sistema
  • Desde que se crearon los tribunales ambientales se han judicializado 169 proyectos, por un monto equivalente a US$ 50. 723 millones.
  • En promedio, una causa demora 355 días en su trámite judicial. Si la sentencia del tribunal es recurrida, dicha causa tarda otros 315 días.
  • Del total de 206 causas consideradas admisibles, 77 reclamantes (37%) son personas naturales y otro 37%, son organizaciones de la sociedad civil. El 18% fueron empresas titulares de proyectos.
  • De un total de 120 sentencias de los tribunales ambientales, 41 acogieron la reclamación y 79 la rechazaron.

La inversión es un elemento clave para el desarrollo de la economía, dado los puestos de trabajo que genera, así como el desarrollo de las comunidades donde se instalan. No obstante, por diversos motivos y orígenes, las iniciativas pueden paralizarse y retrasarse en instancias judiciales.

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