Se dijo de la industria y del royalty esta semana

Marcel: «Royalty está entre las modificaciones de Hacienda a las reformas tributarias que se discuten en el parlamento»

Fueron mencionadas por el ministro Mario Marcel en seminario organizado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Las modificaciones forman parte de las medidas que se están preparando como indicaciones a los proyectos que tratan la reforma tributaria, tras escuchar los reparos expresados por distintos expertos durante el debate parlamentario.

Royalty

La indicación referida al royalty que se discute en el Senado, propondrá un ajuste a su estructura para ampliar los incentivos de inversión a nuevos proyectos o a proyectos de expansión.

“Habrá que que ver cómo se presentarán las indicaciones en el Senado, pero entiendo que lo se buscaría sería incentivar principalmente la expansión de proyectos y la inversión en proyectos nuevos, aplicándose una escala menor en las tablas de las tasas de impuestos que se proponen y que van indexadas a la producción de toneladas métricas de cobre fino, ya que algunas empresas podrían frenar la expansión o la inversión en nuevos proyectos para no cambiar de segmento y de escala aplicable en los componentes de royalty que se está discutiendo”, manifestó Loreto Pelegrí, socia de Tax & Legal de PwC.

Por su parte, Andrea Repetto, economista de la UAI, puntualizó que “será interesante ver los cambios que se realizarán para evaluar bien. El diseño en el proyecto actual tiene elementos que pueden llevar a cierres indeseados de faenas, e imagino que eso se busca corregir”.

Para Hugo Hurtado, socio Tax & Legal y BPS de Deloitte, hoy día la tasa para el royalty es del 39% al 40% y lo que propone el gobierno es elevarlo sobre el 50%. Eso nos dejaba fuera de los parámetros internacionales. Nosotros teníamos una propuesta que apuntaba a gravar sobre el margen operacional y no sobre el valor del mineral. De esta manera se aumentarían los impuestos del margen operacional del 5% al 15% a uno entre el 8% y 17% y que el margen empiece a regir en el 30%. Eso elevaría la carga efectiva al 43%, 44%, lo que está en línea con países de similares características”.

Otros cambios considerados

Corresponden al proyecto de reforma tributaria que se discute en la Cámara de Diputados y comprenden:

  • Modificación al impuesto del 1,8% a las utilidades retenidas en las sociedades de inversión, que no se aplicará sobre las utilidades acumuladas que se dejan en la compañía, sino que sobre el impuesto que se está difiriendo respecto de esas utilidades.
  •  un segundo cambio es incorporar mecanismos temporales de depreciación acelerada; y
  • un tercer cambio apunta a la creación de un fondo competitivo de créditos tributarios para inversiones con alto apalancamiento, agregando descuentos de impuestos para proyectos que tengan un alto efecto multiplicador.

Minería y agro, los más afectados

Según resultados de un estudio, dados a conocer en el Foro Anual de la Industria,  por la Asociación de Industriales Metalúrgicos, Asimet, la minería y el sector  silvoagropecuario  son las áreas más afectadas en la propuesta constitucional.

De acuerdo al análisis realizado por Econsult, ambas áreas, junto a la pesca, representan un 60% de las exportaciones, un 20% del empleo y un 20% del PIB.

Materias controvertidas

Temas relacionados a los derechos de agua, derechos de la naturaleza, restauración de tierras, derecho de propiedad, expropiación, garantías de indemnización, formas de pago, entre varias, afectarán las inversiones, paralizando el crecimiento, especialmente en exploración minera e inversión forestal, sostiene el estudio.

Concesiones clave para la actividad minera

Lo propuesto sobre concesiones es clave para la actividad minera, puesto que al poder ser eliminadas por mayoría simple, debilita el sistema, generando gran impacto en la totalidad de la industria, pequeños, medianos y grandes productores.

Dada la importancia de la minería en la actividad económica, el estudio realizó una simulación que considera una caída del 20% en inversión de cobre para el periodo 2022-2030, lo que implicaría una reducción anual de 711 mil toneladas de producción; US$ 1.200 millones de menores ingresos fiscales anuales; la destrucción de 110 mil potenciales empleos; una caída de US$ 6.700 millones en envíos.

Derechos de agua

En el caso de los derechos de agua, del que la minería y el sector silvoagropecuario son altamente dependientes, al quedar dependiendo de autorizaciones administrativas entregadas por una agencia estatal, que serán revocables e incomerciables genera una fuerte incertidumbre en los sectores.

Amenazas estructurales

Entre las conclusiones del informe se señala que el Borrador Constitucional presenta graves amenazas estructurales como inestabilidad institucional y macroeconómica; propiedad privada desprotegida; irresponsabilidad fiscal; y, problemas regulatorios.

Son temas pueden afectar a toda la actividad económica del país, que se traducirán  en menos empleos, menos ingresos de las familias, mayor inflación y necesidad de más impuestos regresivos, pronostica el estudio.

Subsecretario Kracht y royalty: “Hay apertura para recibir propuestas quizás mejores que la presentada”

La autoridad aseguró que el espacio para dialogar con el sector está abierto.

Kracht indicó que “el Gobierno acaba de presentar una propuesta para iniciar la discusión y ha sido el propio ministro de Hacienda quien ha dicho con bastante claridad, que acá no hay nada escrito en piedra. Lo que viene para adelante es tener una conversación y hay apertura para recibir propuestas de un diseño que quizás es mejor que el que se presentó, un diseño que nos permita recaudar más, pero que no vulnere el desarrollo de la actividad minera en un mediano y largo plazo”.

Igualmente, la autoridad despejó dudas respecto al marco regulatorio de la minería, independiente del resultado del plebiscito de salida de la propuesta constitucional, señalaron desde el Ministerio. Ante esto, el subsecretario afirmó que “como Gobierno estamos muy atentos a hacer nuestra parte, para entregar todas las certezas que necesita la actividad para seguir desarrollándose, y lo que viene es facilitar el diálogo para saber qué tipo de adecuación requiere la normativa para tener una relación respetuosa con el entorno y las comunidades, pero a la vez continuar con el desarrollo minero”.

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