Se dijo de la Industria esta semana

Nombramiento de nuevo VP de Enami se haría antes del 11 de marzo

• Juan Carlos Jobet, presidente del directorio de Enami, aseguró que sostendrá con la futura ministra, Marcela Hernando, una reunión exclusivamente para abordar el tema ENAMI dada la importancia de la empresa para el fomento de la pequeña y mediana minería y los desafíos que tiene en términos de revertir las pérdidas y recuperar una situación financiera solvente.

Al respecto, expresó: «Enami tiene una situación financiera compleja y parte del diagnóstico que se hizo y que se compartió en el directorio es que hay activos prescindibles, que se podían vender y se acordó que la administración avanzara con cautela, pero con decisión».

Marcela Hernando confirmó existen propuestas para la vicepresidencia de Enami y que se espera la nominación para antes del 11 de marzo.

Aprimin y propuesta de nacionalizar la minería: “Los proveedores se verían afectados, incluso con riesgo de cierre”

Sergio Hernández, director ejecutivo de la Asociación, señala -a este medio- que el Estado no tiene la capacidad de inversión de los privados, especialmente extranjeros, que requieren los proyectos mineros. “El encadenamiento productivo retrocedería”, advierte.

“Si son aprobadas las expropiaciones de empresas mineras, lo que espero no ocurrirá en el Pleno de la Convención, sin duda que se paralizarían las inversiones privadas. Incluso hoy, ante la sola duda sobre si esa propuesta finalmente puede prosperar, ya hay inversiones detenidas”,  Sergio Hernández, director ejecutivo de Aprimin, ante la aprobación de la propuesta para nacionalizar la compañías mineras en la Comisión de Medio Ambiente.

Añade que, de materializarse una expropiación minera, esto afectaría el crecimiento del sector y del país.

“El encadenamiento productivo retrocedería, perjudicando lo que todos deseamos aumentar en Chile: la innovación, la especialización y la diversificación productiva”, puntualiza.

–Si constitucionalmente los minerales ya pertenecen al Estado de Chile. ¿Le parece correcto  hablar de “nacionalización de la minería”?

En mi opinión, no existe diferencia entre “nacionalización” y “estatización”. Ambos términos son erróneamente usados por algunos convencionales, por las razones que la pregunta señala: que las minas pertenecen al Estado y, como sin minerales no hay mina, estos obviamente también. Por esta razón, entiendo que algunos convencionales lo que proponen es nacionalizar las “empresas” mineras, argumentando que los recursos minerales son de Chile. Esto evidentemente es un contrasentido, ya que se formaron con capitales privados; sus activos fijos no le corresponden al Estado de Chile.

Además, lo peligroso es que algunos sostengan que ‘nada se pagará’ por estas eventuales expropiaciones; que un eventual valor lo fijará el Contralor General de la República; o sea, un juez tasador de una de las partes. Si ello ocurre, seguro nos llegarán demandas internacionales de las empresas de muchos países que han invertido en la minería chilena, con daños colaterales en las relaciones diplomáticas, financieras y económicas para el país.

-¿Tiene la propuesta un carácter expropiatorio?

Absolutamente, es una expropiación. Agrego que hay un riesgo enorme si Chile se ve enfrentado a demandas internacionales para reclamar un valor distinto al que pueda fijarse unilateralmente. Esto ya ocurrió en la nacionalización de 1971.

Además, la gran mayoría de estas inversiones de muchos países está protegida por Tratados de Libre Comercio vigentes, tratados que la Reforma Constitucional, que le dio origen a la Convención Constitucional, establece como intocables.

-¿En qué sentido podría esta iniciativa modificar la industria minera tal como la conocemos? ¿Podrían cerrar operaciones mineras?

Si son aprobadas las expropiaciones de empresas mineras, lo que espero no ocurrirá en el Pleno de la Convención, sin duda que se paralizarían las inversiones mineras privadas. Incluso hoy, ante la sola duda sobre si esa propuesta finalmente puede prosperar, ya hay inversiones paralizadas.

Además, en otros sectores de la economía se advierte el riesgo de que pueda haber otras expropiaciones y/o que  Chile ralentice su economía, a nivel de dejar de ser atractivo, por lo que caerían inversiones y empleos en obras públicas, energía, banca y en el prometedor hidrógeno verde, por mencionar algunos sectores, con graves efectos futuros en la recaudación tributaria, haciendo imposible cumplir con la justa Agenda Social.

-¿Cree que el Estado aumentaría su recaudación estatizando a la industria minera?

La eventual recaudación fiscal derivada de las expropiaciones dependerá de descontar de las inseguras utilidades para el Estado (la minería es un negocio riesgoso), el pago de las indemnizaciones a los actuales dueños de las mineras, cuyo valor seguramente fijarán tribunales internacionales (que enorme riesgo) y también descontar el monto que el Estado, como eventual posible dueño futuro de toda la minería, deberá invertir para continuar y aumentar la producción minera.

Por lo tanto, en mi opinión, solo se mejora la recaudación para el Estado, asegurando que privados -y no el Estado, que no tiene estos gigantescos recursos-, sigan invirtiendo, recaudando impuestos, y un royalty sobre utilidades algo mejor que los actuales ante escenarios de buenos precios.

-¿Qué cabida tendría la inversión de privados en la minería nacional con una norma de estas características?

La respuesta es simple: ninguna, porque con la actual propuesta aprobada en general por la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, toda la minería pasaría a manos del Estado.

-¿Qué sucedería con los encadenamientos productivos y proveedores mineros de aprobarse esta propuesta?

Al estar claro que el Estado no tiene la capacidad de inversión de los privados, especialmente extranjeros, sin duda que los proveedores mineros se verían afectados fuertemente en su desarrollo, incluso con riesgo de cierre, especialmente de los más pequeños.

El encadenamiento productivo retrocedería, perjudicando lo que todos deseamos aumentar en Chile: la innovación, la especialización y la diversificación productiva.

Un escenario distinto a 1971

-¿Qué diferencias tiene la actual propuesta constitucional con el proceso Nacionalizador de 1971?

Para analizar la nacionalización del cobre de 1971, es necesario situarse en el contexto histórico. Antes de los años 70, existía la gran minería chilena del cobre exclusivamente de capitales extranjeros. En esa época había en el comercio mundial condiciones muy desfavorables para los países exportadores de recursos naturales y muy favorables para los países industrializados.

Esta realidad justifico la decisión unánime parlamentaria de nacionalizar el cobre en 1971. Sin duda esta medida fue, en ese contexto, muy beneficiosa para el país, lo que posteriormente desembocó en la formación de Codelco. La nacionalización fue concebida en esos tiempos como la “Independencia económica de Chile”, aportando hasta ahora importantes ingresos para el país.

La realidad de hoy, en un Mundo Global es muy distinta; seguimos necesitando nuevas tecnologías y capitales extranjeros por miles de millones de dólares que Chile. Pero además, ahora existen normas de la OMC, auditorías internacionales que dan transparencia a los resultados de las compañías y a su base tributable, transacciones en Bolsas transparentes, Servicio de Impuestos Internos con mejor capacidad fiscalizadora y con convenios de apoyo recíproco con otros servicios en los países de destino.

Una nacionalización en estos tiempos sería un suicidio para el desarrollo humano del país, perjudicando la confianza en Chile para atraer inversiones en minería, hidrógeno verde, obras públicas, energías renovables y otros sectores.

e hoy exista Codelco estatal, gran y mediana minería privada nacional y extranjera y pequeña minería nacional, es un modelo probadamente virtuoso; si uno de ellos se debilita afectaría a la trilogía completa; por tanto, al país y a la fortaleza geopolítica del norte de Chile.

-Si la nueva Constitución considera cambios al modelo minero en Chile. ¿En qué línea deberían ir?

Debe mantener la propiedad del Estado sobre las minas y su concesión judicial a terceros, con amparo por patentes mineras de montos crecientes ante la no explotación. Pero además, estimo importante que asegure que la minería se desarrolle con la previa participación de la comunidad local para los nuevos proyectos y con los más altos estándares ambientales, pero solo calificados por organismos estrictamente técnicos, sin intervención de organismo político alguno.