Se dijo sobre la industria

Hacienda confirma que el royalty minero que propondrá en su reforma tributaria incluye cargo sobre ventas

  • Mayores detalles sobre el porcentaje de recaudación que se busca alcanzar, como de la forma en que serán distribuidos los fondos obtenidos se entregarán en una próxima oportunidad.

La subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, en su presentación ante la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputado, entregó ayer detalles respecto al proyecto de royalty minero que se presentará al Congreso, en el marco de la reforma tributaria, en el mes de junio.

En su cuenta a los diputados, confirmó que la iniciativa contemplará un cobro ad valorem sobre las ventas para las empresas mineras, explicando que el diagnóstico con que trabajan es que el Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM) es insuficiente para recuperar la llamada renta del cobre que indica que lo que queda en renta pública no más del 50%  y que la mayor parte de la renta del cobre no se recupera, lo que se puede mejorar.

Diferenciación por tamaño

En este contexto, el proyecto considera una diferenciación del impuesto dependiendo del tamaño de las mineras, tal como ocurre actualmente con el IEAM, pero también, dependiendo del tipo de mineral que se comercialice, siendo el foco principal la minería del cobre, de la que se cuenta con mayor información.

Destino de lo fondos

En cuanto a los destinos de la recaudación por el royalty y que éstos queden en las regiones mineras, Sanhueza señaló que si bien el objetivo central es utilizar estos fondo en inversiones de largo plazo que otorguen dinamismo a la estructura productiva, no es incompatible con que se establezca algún grado de distribución descentralizada, dentro de una perspectiva regional con criterios generales de distribución, en línea con políticas de descentralización, para evitar distorsiones entre las regiones.

Norma aprobada por la Comisión de Medio Ambiente de la CC propone una estatización del cobre

  • «Lo que se aprobó es peor que lo que se había aprobado antes«, dijo el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández.
  • «Son reformas radicales que no permitirán la certeza y estabilidad que requiere nuestra la actividad minera«, expresó el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino.

La modificación introducida relativa al cobre, que señala que «el Estado desarrollará de manera exclusiva la actividad minera sobre los hidrocarburos en estado líquido o gaseoso, litio y tierras raras. En el caso del cobre, el Estado explorará y explotará por sí mismo, y podrá hacerlo en asociación con particulares, siempre resguardando la participación mayoritaria del Estado«, encendió las alertas en distintos sectores de la industria, al interpretare como que solo el Estado podrá explotar el cobre, y que si bien podrá asociarse para ello con privados, estos tendrán una participación minoritaria.

Consejo Minero

A juicio del presidente ejecutivo del Consejo Minero, la medida «comprende una estatización del cobre, dejando a los privados con una participación minoritaria, lo cual sin duda trae consigo una disminución considerable de la minería para Chile, y como consecuencia, menos exportaciones, menos empleo, impacto en el crecimiento económico, en el desarrollo de las empresas proveedoras, y con consecuencias relevantes en las regiones mineras que se sustentan en base a este sector«.

SONAMI

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, por su parte, cree que «la redacción no es clara, y tampoco se sabe si es de aquí hacia adelante, o es lo que ya existe. Pero si uno hace una interpretación más radical, en el fondo todas las operaciones de cobre tendrían que tener al Estado como socio, con una participación de a lo menos 50%.

La interpretación de que esto protegería a Codelco no me convence, porque Codelco hoy esta protegido con lo equivalente a una Ley Orgánica Constitucional que le impide asociarse en sus yacimientos fundadores. Entonces, yo creo que es confusa la redacción, pero me da la impresión que se refiere a todo el cobre«.

Aprimin

Desde la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, Sergio Hernández, director ejecutivo de Aprimin, señala que «a través de esta redacción, se insiste en una Constitución que promueve, en forma indirecta pero clara, la nacionalización de la minería, como si no les importara que el mundo es hoy global, perjudicando nuevas inversiones y con negativos efectos para todas nuestras exportaciones de muchos productos, porque van a muchos países que tienen inversiones mineras en Chile; esto, porque en el comercio internacional existe la reciprocidad«.

Industriales Macrozona Norte

Las cuatro asociaciones de industriales de la Macrozona Norte (AII-Tarapacá, AIA-Antofagasta, Corproa-Atacama y Cidere-Coquimbo) se sumaron a las críticas de lo aprobado, y mediante un comunicado manifestaron: «Este informe de reemplazo se basa en seguir atacando con persistencia y obstinación al corazón de la actividad minera y sus encadenamientos productivos en las regiones del norte de Chile. Pareciera que no se ha tomado nota de los rechazos anteriores que han tenido en el pleno, pareciera que no escuchan».

Convencionales

El convencional Rodrigo Alvarez, comenta que esta norma «es sumamente grave. Ello, porque se exige, en primer término, que el Estado tenga la participación mayoritaria, es decir, que sea el controlador. La norma, por su mala construcción, no aporta certeza jurídica en uno de los pilares de nuestra economía«. Y agrega que, «nuevamente, la Convención desconoce que gran parte de la producción del cobre proviene del sector privado. Estas normas, sumadas al fin de las concesiones mineras entregadas por el Poder Judicial (que se convierten en simples autorizaciones administrativas), pondrán en jaque el desarrollo de la industria. Son normas tremendamente graves«.

Comisión insistirá en acotar rol de privados en la minería y permisos de uso de agua

  • Para mañana sábado está programada la votación en el pleno de la CC el nuevo informe de la Comisión que propone que el Estado desarrolle de manera exclusiva la actividad sobre hidrocarburos, litio y tierras raras; y que en el caso del cobre, explore y explote por sí mismo, pudiendo asociarse con particulares, pero resguardando una importante participación pública.

El nuevo documento, cuya reformulación se votará mañana, según lo previsto hasta el cierre de esta edición, contiene 33 artículos (19 menos que el rechazado), a lo largo de los cuales se abordan materias como estatutos del agua, minerales, territorio marítimo, glaciares, atmósfera, aire, entre otros, y temas como soberanía alimentaria y sistema económico.

La comisión propone nuevas redacciones para los artículos rechazados, aunque varias de ellas mantienen la misma línea del informe que había sido rechazado.

Para Eduardo Bitran, académico de la Universidad Adolfo lbáñez y exministro de Obras Públicas del primer gobierno de Michelle Bachelet, «desafortunadamente, esta comisión ha sido refractaria a las señales del pleno que le ha rechazado la mayoría de las iniciativas, en vez de acoger las objeciones del pleno en las revisiones ha radicalizado sus propuestas. Esta obstinación le hace un gran daño a la imagen del proceso de elaboración de la propuesta constitucional, la mayoría de la gente espera que se realice un esfuerzo de llegar a acuerdos y lo que han realizado es polarizar aún más la discusión».

“La comisión «debería comprender que la instancia de elaboración de un texto constitucional, no es el ámbito adecuado para hacer planteamientos testimoniales que solo enrarecen la discusión. Por ejemplo, en el ámbito de la minería, radicalizaron la primera propuesta rechazada al agregar a las actividades que se reservan al Estado a la minería del cobre. ¿Se entiende la implicancia de estatizar la minería del cobre? Hay requerimientos de inversión de US$ 70 mil millones para mantener la producción y reducir los impactos ambientales de la minería. ¿El Estado aportará estos recursos? Si el sector privado no tiene control de las empresas en que invierte, simplemente la inversión no ocurrirá. Un ejemplo es el caso del litio en Bolivia, en que a pesar de tener los recursos más abundantes, prácticamente no produce litio», puntualiza.

 

 

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