Permisología

Proponen compensación a empresas por costos de RCA aprobados, pero anulados por la Justicia

• El Proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social que busca reactivar la economía chilena combinando empleo, inversión y certeza regulatoria, contempla que el Estado asuma responsabilidad cuando sus decisiones generan perjuicios.

En este predicamento el proyecto introduce un mecanismo relevante para reforzar la confianza de los inversionistas al proponer que el Estado compense a empresas cuyos proyectos ya aprobados ambientalmente por una RCA, sean posteriormente anulados por la justicia.

Agilización y certeza jurídica

En el propósito de acelerar proyectos de inversión, junto con la agilización de permisos sectoriales reduciendo a entre 1 y 1,5 años la tramitación de proyectos que hoy tardan entre 3 y 4 años, se busca reducir la incertidumbre regulatoria estableciendo que una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada debe ser definitiva, salvo causas judiciales justificadas.

Responsabilidad del Estado

En el caso que un proyecto con RCA aprobada sea detenido o revocado por la justicia, aplicando un principio de Responsabilidad del Estado sobre sus decisiones previas, se establece una compensación estatal consistente en que el Estado reembolsará los gastos incurridos por la empresa en la tramitación de la RCA.

Preocupa a los sectores productivos el anteproyecto de Reglamento SBAP

• Dentro del conflicto entre conservación ambiental y actividad económica que plantea el anteproyecto de reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, actualmente en consulta, los sectores productivos demandan certeza jurídica, proporcionalidad y reconocimiento de sus actividades, para evitar impactos negativos en inversión y operación.

Los gremios representativos de de diversos sectores productivos, aunque valoran el objetivo de conservación del SBAP, advierten que el reglamento tal cual está redactado, podría generar incertidumbre jurídica, afectar derechos de propiedad y restringir actividades económicas existentes.

Las críticas se centran en la falta de claridad normativa, posibles excesos regulatorios y la ausencia de reconocimiento explícito de actividades como el turismo sustentable, destacando la necesidad de un equilibrio regulatorio.

El reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SBAP), se encuentra actualmente en etapa de consulta pública hasta el 28 de abril.

Observaciones

Derechos adquiridos

Los sectores productivos advierten una posible afectación a concesiones vigentes y un riesgo de impedimento al ejercicio del derecho de propiedad, por lo que solicitan garantías explícitas de respeto a los derechos adquiridos.

Evaluación

Señalan que la falta de evaluación temprana sobre compatibilidad entre conservación y actividades productivas existentes, crean el riesgo que actividades sean catalogadas como amenazas y deban enfrentar restricciones severas en su operación, incluyendo el peligro de cierre de la actividad.

Potestad

Identifican deficiencias estructurales en el reglamento, como un exceso de potestad reglamentaria que presenta problemas como dificultad para modificar o eliminar áreas protegidas.

Poder excesivo

Critican el poder excesivo del Comité Científico Asesor con facultad para imponer cargas administrativas desproporcionadas que desincentivan a la conservación privada.

Propuesta

Proponen aplicar un principio de equilibrio, de manera que las restricciones sean proporcionales y necesarias para compatibilizar la protección y la conservación ambiental con la actividad económica.