Gremios en alerta por aprobación de norma para restituir territorios indígenas

• En gremios de distintos sectores económicos no fue bien recibida la aprobación en la comisión de Medio Ambiente de la Convención Constituyente, la norma que busca anular los permisos o concesiones de proyectos que estén ubicados en terrenos de pueblos originarios, sin su autorización.

«Creemos que lo aprobado por la comisión es una mala señal y no contribuye en nada a generar el clima de certeza jurídica que necesita la industria minera«, dijo Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile. “no existe un catastro de cuáles serían las concesiones afectadas, lo que se presta para que insten a las comunidades a generar, en un futuro, algún tipo de negociación con las mineras afectadas para obtener algún beneficio económico. Ello es contrario a la legítima pretensión de las empresas de poder realizar sus actividades en un marco de seguridad jurídica y de los pueblos ancestrales de recuperar sus tierras«, aseguró.

Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de la Madera, indicó que para el gremio el tema de los pueblos originarios ha sido de «suma importancia» en el proceso constitucional y que están atentos a la discusión e interesados en colaborar con su visión. «La iniciativa votada es relevante, aunque esperamos pueda ser mejorada en la discusión futura y con participación de otros actores antes de su ingreso al plenario«, afirmó. Añadió que para efectos de otorgar certeza jurídica, será necesario que se identifique de manera correcta quiénes serían los beneficiarios del proceso a través de la exigencia de antecedentes válidos dentro del marco jurídico.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristián Allendes, por su parte fue crítico con la norma expresando que «las implicancias que podría tener una medida como la propuesta serían gravísimas para el sector agrícola, rural y también la economía del país. Tanto las ciudades como los sectores rurales basan gran parte de su economía en la agricultura exportadora que se ha desarrollado en terrenos adquiridos de forma regular y en Estado de Derecho».