Valor Minero prepara propuesta para crear ley con sistema de resolución de controversias

En el Poder Judicial se promueve la formación de centros ciudadanos:

Institución público-privada es partidaria de idea de no judicializar todo para grandes proyectos de inversiones. La iniciativa final se entregará al próximo gobierno, en 2018.

La creación de los centros ciudadanos de justicia, una instancia previa que resuelva conflictos antes de la judicialización, ha despertado interés en todos los ámbitos.

La idea es promovida por el ex presidente de la Corte Suprema Sergio Muñoz, y fue ya aprobada por la mayoría del Pleno del máxino tribunal. Son las llamadas cortes multipuertas, que existen en varios países de Europa y que podrían transformarse en una realidad en Chile.

Valor Minero, institución público-privada que reúne a múltiples actores con el objetivo de generar las condiciones para transformar a la minería chilena, está preparando una propuesta de proyecto de ley llamada "Institucionalidad de Diálogo Territorial", que incluye como elemento clave un sistema de resolución de controversias. Esta iniciativa apunta a los grandes proyectos de inversiones.

El magistrado Muñoz propone que este sistema -que funciona con un equipo multidisciplinario (abogados, psicólogos, psiquiatras, médicos, antropólogos)- derive, ayude en la resolución de los problemas de las personas, además de la contención y mediación de casos. Todo, en una etapa previa a la eventual judicialización.

El Poder Judicial prefiere que esta instancia dependa de ellos y no del aparato político-administrativo, para no depender del énfasis de los gobiernos.

La versión preliminar del proyecto será entregada a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en enero próximo, y la propuesta final, a mediados de 2018, al nuevo gobierno.

Lo que aún está en estudio es si esta instancia dependerá o no del Poder Judicial. Otra opción es que esté dirigida por un órgano independiente, pero vinculado al Poder Judicial.

"Creemos que evitar la judicialización beneficia a todas las partes en conflicto, porque ofrece una salida más rápida y de acuerdo mutuo. Y por cierto, siempre deja abierta la puerta judicial, si es que el acuerdo no es posible. Para nosotros, que estamos trabajando con grandes proyectos de inversión, reducir los tiempos de solución de problemas implica un ahorro de costos muy grande. Y para la población, también implica la recepción más rápido de los beneficios que se acuerden", explicó el ex ministro de Minería y presidente ejecutivo de Valor Minero, Álvaro García.

El ex ministro de Justicia y ex presidente del Consejo de Defensa del Estado Luis Bates también cree que es uno de los principales temas de la justicia del futuro, "por los múltiples beneficios que tiene para las personas comunes en sus vidas de relación para con otras personas o con el Estado, el ejercicio de los derechos, cumplimiento de los deberes y las necesidades de la vida cotidiana y, de paso, aliviar la sobrecarga de casos que hoy enfrenta el sistema de justicia estatal, como lo explica Muñoz".

Bates enfatizó que la negociación, la mediación y la conciliación y sus combinaciones que constituyen las principales modalidades de la justicia de los acuerdos, "no sustituyen el sistema estatal de los tribunales de justicia, sino lo complementan acorde con la naturaleza de los conflictos jurídicos, porque algunos son más susceptibles que otros para mediar o conciliar".

A su juicio, las ventajas y beneficios de las soluciones alternativas de conflictos "se asocian indisolublemente a la profundización de la democracia, porque transfieren al ciudadano poder para participar en la solución de sus propios conflictos, pues -como afirma el juez Muñoz- los tribunales deciden los conflictos mediante la aplicación del derecho, pero no los resuelven".

Recuadro :

Presidenta del CDE discrepa de dichos de ministro Sergio Muñoz

El ministro Sergio Muñoz criticó la intransigencia del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en su calidad de mediador, para resolver conflictos judiciales en una etapa previa.

El magistrado planteó, en entrevista a "El Mercurio" del 3 de septiembre pasado, que "el CDE debiera tener más flexibilidad en cuanto a tratar de esforzarse para entender que cuando ya existe un acto ilegítimo, no generar a ultranza que el fisco salga indemne, sino que efectivamente se le indemnice a la persona lo que corresponde".

Consultada la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, sobre los dichos del magistrado, dijo: "el Consejo Pleno trató el tema, y estima necesario precisar que en los asuntos en los que interviene el CDE ante los tribunales de justicia en defensa del interés del Estado, sean estos de carácter patrimonial o extrapatrimonial, lo que hace es precisamente defender los intereses de todas las personas".

Según agregó, "esto permite un importante ahorro de recursos al Estado, los cuales, en esa medida, pueden ser distribuidos o asignados por las autoridades elegidas democráticamente por las personas para velar por sus intereses, al cumplimiento de políticas públicas en beneficio de los habitantes del país".

Manaud agregó que "aquello lo hace en estricto cumplimiento de su obligación legal de representar en juicio el interés del Estado".

La presidenta del CDE estimó necesario hacer esta aclaración, "dado que resulta preocupante que un ministro de la Excma. Corte Suprema, que además preside la Tercera Sala de ese Tribunal, donde se resuelve buena parte de los litigios del Estado, manifieste públicamente esa crítica contra este Consejo, la que, por lo demás, carece de fundamento".

Fecha: 2017-09-11
Medio: El Mercurio

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