Permisología

Reacción gremial frente a fallo ambiental

• La anulación parcial de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto C20+ de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi volvió a instalar en el centro del debate nacional la discusión sobre permisología, certeza jurídica y estabilidad regulatoria para las inversiones estratégicas en Chile.

Los gremios mineros Consejo Minero, Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal (AII), así como otros gremios empresariales, expresaron preocupación por las implicancias del fallo del Segundo Tribunal Ambiental, especialmente considerando que el proyecto presenta un alto nivel de avance y contempla inversiones por más de US$3.200 millones. 

Las organizaciones gremiales coincidieron en que este tipo de resoluciones generan incertidumbre para inversionistas, proveedores y regiones altamente dependientes de la actividad minera, advirtiendo riesgos para el crecimiento económico, la continuidad de proyectos y la competitividad del país. Al mismo tiempo, enfatizaron que el desafío no debe ser elegir entre sostenibilidad ambiental e inversión, sino fortalecer una institucionalidad que entregue reglas claras, participación efectiva y previsibilidad regulatoria. 

El caso también reabre la discusión sobre cómo equilibrar estándares ambientales, participación comunitaria y eficiencia en los procesos de autorización, en momentos en que Chile busca impulsar nuevas inversiones mineras y acelerar proyectos asociados a cobre, desalación e infraestructura crítica. 

Críticas a la inestabilidad regulatoria

Los gremios advirtieron contradicciones entre el discurso público orientado a destrabar inversiones, impulsar crecimiento económico y acelerar proyectos estratégicos; dado que decisiones como anular una RCA pone en tela de juicio la coherencia regulatoria al reabrir permisos ya aprobados por el propio Estado. 

Motivos del fallo judicial

El tribunal determinó retrotraer la evaluación ambiental hasta antes del ICE aduciendo deficiencias e ilegalidades asociadas a una caracterización insuficiente de reclamaciones de comunidades de Caleta Chanavaya; falta de consideración de observaciones de la Conadi y evaluación deficiente del componente humano y del medio marino. 

Dimensión estratégica del caso Collahuasi

El caso adquiere relevancia nacional porque la anulación del fallo puede traer un severo impacto en la Región de Tarapacá, donde Collahuasi representa el 47% del PIB regional, genera más de 7.000 empleos directos e indirectos y 18.000 empleos asociados a la cadena de valor minera. 

Al involucra, además, a una de las principales minas de cobre del mundo, da una equivoca señal para futuros proyectos de inversión minera en Chile. 

Contexto político y regulatorio

El fallo ocurre mientras en el Congreso se discuten reformas vinculadas a la agilización de permisos; modificaciones a la permisología; mecanismos de compensación por RCA anuladas; y fortalecimiento de certeza jurídica para inversiones estratégicas.