Denuncias explican casi 60% de las fiscalizaciones de la Superintendencia del Medio Ambiente en sus siete años de operación

• El año pasado marcaron un peak de 75% del total de expedientes que derivaron en procesos sancionatorios:

• Reflejo del empoderamiento social, que en el último tiempo se ha reflejado de diversas formas y que hace tres meses derivó en el estallido social

• El 62 % de las multas cursadas corresponde a la minería.

• La minería ha pagado multas por US$ 34 millones, mientras las propuestas de re¬mediación suman muchos más recursos: US$112 millones.

La revisión de más de 24 mil procedimientos cursados muestra que los programas de inspección han pasado a un segundo plano porque, sí en 2013 representaron el 56% de las acciones, en 2019 esa participación se redujo a solo 25%. Incluso las autodenuncias se redujeron a cero. Las multas totales cursadas en siete años suman casi US$ 55 millones.

Como un reflejo del empoderamiento social, que en el último tiempo se ha reflejado de diversas formas y que hace tres meses derivó en el estallido social, la labor de algunos organismos de fiscalización se ha visto influida por una mayor participación de la ciudadanía. Ese es el caso de la Superintendencia del Medio Ambiente {SMA), que el año pasado cerró con un peak en el número de inspecciones originadas de denuncias ciudadanas o de otros organismos públicos, las que representaron el 75% de los expedientes que derivaron en procesos de sancionatorios, es decir, donde se detectaron infracciones.

En momentos en que la entidad acaba de completar siete años en funcionamiento -comenzó su gestión el 28 de diciembre de 2012, como parte de la reforma de la institucionalidad del sector en la que también se creó el Ministerio del Medio Ambiente y, posteriormente, los tribunales ambientales-, la consultora Anagea Gestión Ambiental se dio a la tarea de revisar 24.388 expedientes de fiscalización que la SMA cursó entre 2013 y 2019 y que, según consta en sus registros públicos, están vinculados a 2.711 unidades o instalaciones productivas a ni¬vel nacional.

La SMA actúa a partir de tres elementos: la denuncia, la autodenuncia y la programación anual de trabajo de la propia entidad. Pues bien, la investigación de la consultora Anagea muestra que si se consideran estos siete años, las denuncian representan el 59% de los expedientes que han derivado en procesos sancionatorios. Si bien al comienzo se proyectaba que los programas anuales de fiscalización predominarían en las acciones, con el paso de los años la denuncia fue ganando peso. Esto implica que si en 2013 los planes de control representaron el 56% del total de expedientes -versus el 38% de las denuncias y el 6% de las autodenuncias-, el año pasado esa participación bajó a 25%.

"El aumento de las denuncias fortalece el sistema, pues hace que la gente respete más la institucionalidad ambiental. Si miramos lo ocurrido en Chile y en otros países en el último tiempo, por un lado se evidencia la falta de confianza en las instituciones, y por otro, una fuerte demanda social por mayor participación en las decisiones. A mi juicio, creo bueno que existan instancias de expresión y participación en el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, esto conlleva una mayor responsabilidad y que los actores sociales tengan una mirada colectiva y que sus responsabilidades vayan más allá de sus intereses personales" explica Nicole Porcile, socia de la consultora.

Responder al mayor requerimiento ciudadano obligó a la SMA a alterar sus planes iniciales. "Si bien hubo un diseño inicial que daba cuenta de la intención de focalizar la fiscalización de RCAs, en los últimos años la SMA fue abriendo el espectro de los Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizables {ICAs), considerando en esta gestión aspectos relacionados con: riesgo de los proyectos, sensibilidad territorial y cobertura, dando mayor énfasis a la gestión de denuncias con el fin de dar una respuesta oportuna y eficaz a las inquietudes de la población" aseguran en la entidad.

El 62 % de las multas cursadas corresponde a la minería

En términos generales, se estableció que en los siete años de trabajo de la SMA, solo el 16% de las inspecciones terminó en un proceso sancionatorio, es decir, que se detectó alguna infracción. Esto equivale a unos 3.900 procedimientos en todo el período. En 2019, el 91,8% de las fiscalizaciones terminó sin proceso sancionatorio, el nivel más alto en los siete años de la SMA.

”Una de las funciones principales de la SMA es promover el cumplimiento, no cursar multas o sancionar proyectos. Por tanto, en sus procesos rutinarios, la fiscalización es una actividad normal de revisión sistemática del gra¬do de cumplimiento de las obligaciones de un titular. Esto es comparable con la revisión rutinaria de carabineros en carretera: la revisión de un documento no implica que a uno le pasen un parte", comenta la ejecutiva de Anagea.

Además, con el paso de los años se observa una disminución paulatina en el número de procedimientos por año, los que en el primer año de funcionamiento de la superintendencia superaron los 6 mil, mientras que el año pasado estuvieron en torno a los 1.120. Este declive se explica en parte porque en 2016 se cambió el criterio de fiscalización al incluir en un mismo expediente más de una actividad de inspección. En la SMA explican que esto también influye la modernización de la plataforma informática de la SMA. "Con esto los números darán cuenta de mejor manera de la acción fiscalizadora de la SMA"~ explican.

En los siete años de trabajo, el instrumento más fiscalizado son las normas de emisión, con casi el 82%. Le si¬guen los planes de prevención y descontaminación ambiental (PPDA) con 9,9% y las resoluciones de calificación ambiental (RCA) con 5,48% de los expedientes del período.

El sector de pesca y acuicultura tiene la mayor parte de expedientes de fiscalización, con casi 30%, lo que deja a la Región de Los Lagos como la que concentra la mayor cantidad de procedimientos, con el 17,4%. Sin embargo, el liderazgo en procesos sancionatorios lo tiene la Región Metropolitana, con 24,8%, y la industria de equipamiento, con el 33% del total.

Aunque la minería está en la quinta ubicación en términos de procesos sancionatorios, en materia de multas es la industria que lidera y que explica el 62%, de un total de US$ 54,9 millones que la SMA ha cursado durante sus siete años de operación. Le sigue energía, con US$ 8,6 millones, y pesca y acuicultura, con US$ 5,31 millones. En la distribución geográfica, Atacama tiene el monto más alto, con US$ 16,7 millones.

"Que la mayoría de las multas provenga de la minería obedece a un aumento importante en la fiscalización de los proyectos mineros con RCA. En minería metálica, la fiscalización alcanza un 30% de los proyectos evaluados ambientalmente (con RCA), lo que es seis veces mayor a la fiscalización de los proyectos con RCA para todas las industrias a nivel nacional (5%) ", dice Porcile.

El análisis de Anagea muestra que casi la mitad de las fiscalizaciones a RCA de empresas mineras termina en un proceso sancionatorio, mientras que en 2019 el 100% de los procesos sancionatorios tuvo como punto de origen una denuncia, en circunstancias de que en 2013 fue el 38%.

En el 75% de los 40 procesos sancionatorios que registra el sector minero los titulares presentaron planes de cumplimiento (PDC) como vía de salida. Esas 30 propuestas de remediación totalizan inversiones por US$ 112,3 millones, monto que se compara con los US$ 34 millones de las multas cursadas al sector. Los registros muestran que de ellas, 23 han sido aprobadas, 5 rechazadas y dos están en evaluación.

FUENTE: El Mercurio
fecha: 20-01-2020