Convención Constitucional propone normas que afectan a las empresas mineras
Nueva iniciativa no nacionaliza empresas, pero las concesiones serán temporales.
“Dominio público de los recursos naturales”, se denomina esta normativa que sugiere una ruta alternativa a la trazada por la propuesta ya aprobada “Norma por la nacionalización y Nueva Gestión Social y Ambiental de la Minería del Cobre, Litio y otros Bienes Estratégicos para el Buen Vivir”.
Propone que “las concesiones mineras se otorgarán de forma temporal, mediante un procedimiento administrativo transparente e informado a la ciudadanía y en los términos y condiciones que establezca la ley, con el fin de satisfacer el interés público y local que justifica su otorgamiento”, según se lee en la propuesta.
Es apoyada por convencionales de Colectivo Socialista, Chile Digno, Independientes No Neutrales y el Frente Amplio, y contempla una transición de cinco años para que quienes tengan concesiones mineras vigentes, que son indefinidas, se adecuen a la nueva normativa.
Cambio jurídico
“La gran diferencia con la otra (propuesta) es que deja al Estado con las suficientes potestades para poder cuartelar los interés socioecológicos y de bien común en la minería, sin la necesidad de hacerse de los bienes de las empresas, lo que en nada ayuda a estos fines y que implicaría un desembolso millonario del Estado que haría muy difícil financiar derechos sociales y otras cosas que estamos consagrando en la Constitución”, señala un constituyente.
Primera iniciativa apunta a la nacionalización y “nueva gestión social y ambiental” del cobre, el litio y otros bienes “de carácter estratégico para el país”.
- La iniciativa apunta a la nacionalización y “nueva gestión social y ambiental” del cobre, el litio y otros bienes “de carácter estratégico para el país”-
- Artículo aprobado deroga la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras.
- La norma fue aprobada en general por la comisión, ahora debe votarse en particular, y luego ser aprobada por dos tercios del pleno de la Convención.
En lo medular, se plantea que será responsabilidad del Estado la dirección de la política minera y el control de la actividad minera, al mismo tiempo que toda explotación de los bienes estratégicos deberá realizarse en estricto cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
Reacciones
Joaquín Villarino, Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, expresó que “resulta lamentable que algunos de los integrantes de la Comisión de Medioambiente desconozcan derechos adquiridos, se extralimiten abiertamente en sus atribuciones e incluso desconozcan ingenuamente el principio de la realidad”.
Aunque señala comprender que se trata de “manifestaciones de voluntad preliminares”, le alarma “la destemplanza y frecuencia que están teniendo estas ‘aprobaciones generales’, están generando una incertidumbre que excede con creces la que existe naturalmente en un proceso constituyente”.
Gonzalo Grez, abogado socio del estudio Cariola Díez Pérez-Cotapos sostuvo que «bajo la premisa de que solo se aprueba la idea de legislar, se pasa totalmente por alto todo el daño o costo que se genera para el país y sus industrias, con iniciativas que el sentido común indica que difícilmente serán aprobadas«.
Lucas Palacio, ministro de Economía, señaló que “las propuestas naftalinas, trasnochadas, anticuadas no son buenas para Chile, ni tampoco son buenas para el planeta”-
- Exministros de la Concertación tildan de anticuadas y deficientes propuestas aprobadas
La exministra de Minería del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Aurora Williams, destacó la importancia que ha tenido en el desarrollo de la industria local el aporte de las empresas públicas y privadas.
“Es complejo pensar en estatizar todos los recursos mineros, así como los temas relacionados con la industria. Es necesario para el país, y en particular para las regiones mineras, la diversificación productiva.
No podríamos negar la relevancia de ampliar la matriz productiva, pero también señalar que la industria minera tiene una agregación de valor tanto arriba, como aguas abajo, de los procesos, y en particular en las regiones mineras se desarrollan distintas industrias en el entorno de la minería, donde hay que destacar a los proveedores.
En particular los proveedores locales, donde van desarrollando experiencias que no solo colocan a disposición de la minería, sino que de distintos mercados que puedan desarrollarse«.
Jorge Rodríguez Grossi exministro de Minería y de Economía en el gobierno de Ricardo Lagos y durante el segundo mandato de Michelle Bachelet críticó las normas aprobadas por la comisión de Medio Ambiente, asegurando que «existe una mirada extraordinariamente anticuada de lo que es la economía, y en particular la minería, porque el desarrollo social, económico y político de Chile se tiene que sustentar en la existencia de concesiones, propiedad privada, emprendimiento; si no, no vamos a salir nunca del subdesarrollo porque las economías estatizadas finalmente sucumben y no son capaces de dar el bienestar a su población«, dijo
Rodríguez sostiene que si bien hay muchas personas que tienen una mirada antieconómica y que privilegian por encima de todo cuestiones del tipo ambiental, o ecológicas, eso no haría viable un desarrollo equitativo del país.
Consultado sobre la posibilidad de manejar los precios, como plantearon los proponentes de la norma, sostuvo que «son declaraciones muy temerarias que desconocen lo que es la economía como disciplina. El mejor ejemplo es la OPEP, que son capaces de controlar los precios por corto tiempo, pero habitualmente se derrumban porque pesa más el racionamiento económico«.
Convencionales
Constituyentes llamaron a la calma, en consideración que sólo se está abriendo la discusión sobre la minería y que hay otras normas que abordan el asunto y no plantean una nacionalización inmediata.
Opiniones de convencionales por la norma
- «Al tener las grandes reservas, tenemos la posibilidad de, al nacionalizar, controlar el precio, al reducir la producción, aumenta el precio y tendríamos mayores ingresos, tenemos el poder soberano de planificar la economía» . Pablo Sepúlveda Allende, Miembro de la Coordinadora por la Renacionalización del Cobre y los Bienes Comunes.
- «Esta es una demanda histórica de los pueblos, 50 años luchando por la renacionalización del cobre, que se consagra con esta aprobación, que es un avance, sabemos que hay que mantener la moderación, porque esto se va a definir en el pleno». Ivanna Olivares, Pueblo Constituyente.
- No es expropiación, es nacionalización del cobre, no podemos expropiar lo que es nuestro. Aclararle a la gente que acá no se habló de los pequeños mineros ni de los pirquineros; queremos que la labor del pirquinero sea una labor cultural y ojalá siga en el tiempo» . Isabel Godoy, Pueblo Coya.
- La idea de esta norma es muy buena, no podemos estar permitiendo que vengan desde afuera, y porque nos crecen las acelgas en el patio alguien las saque, se las lleve y nos pague a precio huevo, no corresponde» . Nicolás Núñez, Federación Regionalista Verde Social.