Agua: los cambios que vendrán

• Es uno de los temas centrales para muchos de los 155 integrantes de la Convención Constituyente.
• El agua es hoy un bien nacional de uso público, pero consagrado solo en el Código de Aguas, no en la Constitución.

Lo más probable es que el uso público se incluya en la nueva Carta Magna y que, además, se discuta el derecho de propiedad sobre el aprovechamiento de las aguas, que sí está reconocido hoy constitucionalmente.

La discusión amenaza con transformar el Código de Aguas y la actual estructura de derechos de agua entregados a perpetuidad.

95%  de los integrantes de la Convención Constituyente sostiene que el agua debía consagrarse en la Constitución como bien nacional de uso público, dado que en la actualidad los caudales de agua que se distribuyen de manera desigual a lo largo del territorio, agravado por la sequía que ha golpeado las zonas en que se concentra el 80% de la población, siendo el símbolo es Petorca.

De los 155 constituyentes electos, 20 se declaran como activistas ambientales, cuatro responden al Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), cuyo vocero nacional, Rodrigo Mundaca, fue electo en primera vuelta como gobernador de Valparaíso.

Lo que pueda pasar con los derechos de agua que genera alta preocupación en sectores del mundo privado, especialmente la agricultura, pero también en rubros, como la minería y las empresas sanitarias donde el  mayor temor es a una intervención más activa del Estado en torno a las empresas de servicios básicos.

Son esperables propuestas que persigan asegurar constitucionalmente la soberanía nacional sobre los recursos hídricos y los derechos de las comunidades locales sobre el uso y manejo del agua, impidiendo su enajenación y mercantilización.

Expertos y constitucionalistas estiman que algunas posturas extremas despiertan incertidumbre o temor porque no tienen piso en la realidad, no se ajustan a nuestra tradición jurídica y no resuelven los verdaderos desafíos que enfrenta Chile en materia de aguas.

El gobierno, en palabras del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, estima que el Estado, que representa a los chilenos para el uso de ese bien de uso público, y como lo hacen en todas partes del mundo, tiene que entregar a los distintos usuarios -agricultura, minería, sanitarias e industria- derechos y seguridad de esos derechos en el largo plazo.