Permisología: Implementación operativa de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales

• Con el propósito de reducir los tiempos de tramitación, aumentar la certeza jurídica y modernizar la gestión del Estado, sin afectar los estándares regulatorios existentes, el gobierno emitió un Decreto Exento que activa la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.

 

A través de este instrumento, bajo la supervisión del Ministerio de Economía y de la nueva Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión,  el Estado da inicio a un proceso de revisión de los permisos sectoriales, comenzando con siete organismos clave para la inversión pública y privada.

Rol de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión

Esta nueva entidad será la responsable de formular recomendaciones normativas y coordinar la estrategia de modernización del sistema de permisos, buscando eliminar la tramitación paralela de autorizaciones y generar técnicas habilitantes alternativas manteniendo los estándares regulatorios vigentes

El proceso de revisión y mejora regulatoria se aplicará inicialmente a:

• Consejo de Monumentos Nacionales
• Servicio Agrícola y Ganadero
• Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
• Ministerio de Bienes Nacionales
• Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
• Ministerio de Vivienda y Urbanismo
• Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Cada organismo deberá elaborar informes técnicamente fundados en los que deberá identificar las falencias que en la actualidad impiden la ejecución oportuna de proyectos de inversión, afectando severamente la competitividad del país.

Las entidades deberán proponer medidas concretas de mejora para destrabar los cuellos de botella históricos que han entrampado las autorizaciones, ciñéndose a una revisión periódica obligatoria, cada tres años, para verificar la conformidad de sus normas y procesos de autorización con los principios y objetivos de la ley.

La entrada en vigor de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, aunque útil, no es suficiente

• En opinión del académico de la UAI, Raphael Bergoeing, publicada en el DF, la entrada en vigor de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, aunque positiva, no es suficiente para destrabar de manera efectiva la inversión si no se aborda el problema de la acumulación desordenada y creciente de obligaciones regulatorias en el ámbito ambiental.

Respalda su juicio con el resultado evidente de que en menos de una década la carga regulatoria para proyectos de inversión aumentó en un 176%, pasando de 91 en 2015 a 251 en 2024, sin que ello haya mostrado mejoras proporcionales en resultados ambientales ni en eficiencia del Estado.

Ley Marco insuficiente

Señala que aunque la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales ya entró en vigor, pese a la nueva Ley de Permisos, persisten problemas estructurales asociados a la acumulación normativa y a la regulación ambiental que siguen retrasando proyectos de inversión.

Indica que se debe complementar la Ley de Permisos con una agenda permanente de mejora regulatoria que reduzca las discrecionalidades; aumente la predictibilidad; y compatibilice el desarrollo productivo con la protección ambiental, por medio de un sistema de autorizaciones más moderno, transparente y productivo que reactive la inversión y el crecimiento económico de largo plazo.

Propuesta

Bergoeing propone una hoja de ruta estructural basada en cinco pilares simultáneos que combinan:

• Medición sistemática de la carga regulatoria.
• Regulaciones basadas en riesgos y resultados, pasando desde el enfoque formalista a uno centrado en impactos reales.
• Homologación de criterios y fortalecimiento institucional que resuelva la falta de coherencia entre entidades estatales.
• Reforma al SEIA y modernización del Consejo de Monumentos Nacionales.
• Avanzar hacia una nueva institucionalidad de calidad regulatoria, en torno a una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad, actualmente en discusión legislativa.

Aprueban actualización de norma primaria de calidad del aire para material particulado fino MP2,5

• Rangos que definen los estados de alerta, preemergencia y emergencia se reducen respecto a los valores actuales, aumentando las exigencias durante episodios de contaminación.

Implementación gradual

La entrada en vigor de esta nueva exigencia se hará en un plazo de cinco años desde la publicación de la norma y buscará compatibilizar las actividades productiva con la implementación de la Ley de Biocombustibles Sólidos del Ministerio de Energía y las múltiples medidas de planes de descontaminación.

La autoridad justifica esta nueva medida con la expectativa de reducir los riesgos asociados a la exposición a MP2,5; adaptar en un plazo de cinco años las operaciones del sector productivo; y alinear los planes de descontaminación y biocombustibles con las otras medidas regulatorias y energéticas en curso.

Partículas contaminantes MP2,5