Se dijo de la industria

Minera Tres Valles anuncia reorganización y prevé despidos de más de 200 trabajadores

• MTV se dedica a explotar dos rajos y a comprar mineral a pequeños mineros.

La compañía canadiense Three Valley Copper Corp. inició los trámites para la reorganización de su filial chilena Minera Tres Valles (MTV), mediante la presentación de un Procedimiento de Reestructuración Judicial (PRJ) para protegerse de los acreedores de la firma, luego de las diversas complejidades que ha enfrentado la operación de la faena ubicada en la Región de Coquimbo.

Desde la minera buscan que el contratista subterráneo para la mina Papomono se desmovilice de inmediato y detenga temporalmente todo el procesamiento de mineral de terceros mineros.

Además, se espera que la infraestructura de Papomono construida hasta la fecha se mantenga estable durante los próximos 3 a 6 meses y continúe produciendo cátodos de cobre a partir del material existente en la lixiviación en pilas hasta agosto de 2022.

El programa de cuidado y mantenimiento, en paralelo con la presentación del procedimiento judicial, según la empresa, resultará en el despido de más de 200 empleados directos, dejando 15 restantes para operar la planta y otras funciones necesarias.

Si no se otorga la orden judicial inicial, la minera se verá obligada a liquidar o a ser vendida, lo que podría afectar negativamente la capacidad de la compañía para recuperar parte o la totalidad de la Minera Tres Valles.

Gobierno se opone a levantar obligación de Codelco de fundir cobre en Ventanas

En medio de la polémica por el problema ambiental, la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados inició la discusión del proyecto de ley que busca eliminar la obligación legal de Codelco de mantener la capacidad de fusión y refinación necesaria para garantizar el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería que envíe Enami a la Fundición y Refinería Ventanas.

Marcela Hernando, ministra de Minería, aseguró que la administración actual no está de acuerdo con promover la iniciativa y que si continua la tramitación, ingresarán una indicación sustitutiva que elimine la posibilidad de que el material sea procesado en fundiciones privadas o extranjeras.

Futuro de la Fundición Ventanas

Cualquier decisión sobre Ventanas corresponde al directorio de Codelco y requerirá inversiones cercanas los US$ 1.000 millones para adecuarse a los estándares de 99% de captura de gases que pretende fijar el Ministerio del Medio Ambiente.

Trabajadores del cobre

El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Amador Pantoja, mostró su oposición al proyecto y advirtió que «si se disminuye la capacidad del 37% que hoy se procesa a pequeños mineros, nadie garantiza la continuidad de Ventanas, aunque se diga que se quiere seguir fundiendo en las operaciones. No lo vemos bien, la gente nuestra tiene arraigo en esta zona«, y añadió que de no encontrar una solución en conjunto con los trabajadores, una de las opciones es la paralización de Codelco.

Crece preocupación por bloqueo de acceso a Los Pelambres

Minera de AMSA funciona al mínimo por los bloqueos que hay en las vías de acceso al yacimiento y que han llevado a desmovilizar trabajadores propios y de empresas de la zona del valle del Choapa.

Distintas localidades de la zona han levantado barricadas pidiendo que AMSA entregue recursos para la salud, educación y trabajo para la población de la zona.

Minera Los Pelambres representa entre el 25 y 30% del PIB regional de Coquimbo.

La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Salamanca {Acesa), que reúne a 42 empresas locales, teme que si se extiende la situación, se llegue a una detención completa de la operación lo que generaría un golpe definitivo para las firmas de la zona.

Responsabilidad del Estado

Desde AMSA estiman que en los petitorios de las comunidades «hay una tremenda confusión entre cuáles son las responsabilidades de la empresa y los deberes del Estado. Aquí es el Estado quien debe cumplir, la minera puede ser complementaria, pero los deberes son totalmente distintos», dicen.

Agricultura y Minería advierten graves efectos por Comisión Territorial Indígena de la nueva Constitución

• Controvertido, arbitrario, poco democrático, paralizador de actividad y generador de pérdidas de puestos de trabajo.

Así calificaron los gremios agrícola y minero la decisión del pleno de la Convención Constitucional de ratificar el polémico artículo relacionado con restitución de tierras indígenas.

El artículo señala que en un año se convocará a una Comisión Territorial Indígena, que presentará propuestas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas, que estará integrada por representantes de pueblos indígenas, del Estado y personas de reconocida idoneidad, que funcionará por cuatro años, prorrogables por dos.

Comunidades se agrupan como pueblos originarios, sin serlo

Diego Hernández, de SONAMI, comentó que «la experiencia de la minería en las consultas previas relacionadas con la aplicación del Convenio OIT 169 no siempre ha sido buena, pues en Chile el pertenecer a un pueblo originario es una elección personal y hemos visto muchas organizaciones que en realidad son grupos de campesinos o comunidades que se agrupan como pueblos originarios sin serlo y con el único objetivo de mejorar su posición negociadora durante la tramitación de los permisos para poder ejecutar un proyecto«.

Cristián Allendes presidente de la SNA se pregunta: «¿Qué pasa si esa propiedad es una gran mina o una empresa? Cientos de puestos de trabajo se perderán, sería problemático para el propietario y, seguramente, la comunidad del sector».

Cuál será la delimitación

Diego Hernández agregó que «el otro tema polémico es la delimitación de los territorios». Al respecto indicó que «en esto hay que tener criterios muy objetivos, pues Chile podría ser considerado en su totalidad como territorio indígena o en el otro extremo, limitarse a los sectores poblados o con actividad agrícola y pastoril«, acotando, «¿cuál sería el criterio para los pueblos nómades?». Por ello, señaló que «el gran desafío es evitar los conflictos de interés y que estas reivindicaciones territoriales no se transformen en un riesgo adicional y en un desincentivo para las actividades económicas«.