Se dijo de la Industria

JP Morgan advierte sobre el BC y la minería

JP Morgan mostró su preocupación por la fórmula de destitución de consejeros del BC, además de la incertidumbre que se podría generar en la minería y en el sistema de concesiones.

“Notamos un riesgo en que exista un sistema débil de autorizaciones, derechos y licencias, que se establezcan posteriormente mediante ley ordinaria (por mayoría simple y ante mayorías políticas circunstanciales), lo que hace probable que la incertidumbre sobre la inversión futura en el sector minero sea persistente”.

Sobre el resultado del plebiscito, JP Morgan proyectó que la opción de Apruebo está amarrada a la popularidad del gobierno del Presidente Gabriel Boric y, por ende, también al desempeño de la economía nacional.

Gobierno recomienda a la Convención mantener normativa actual en minería, aguas, tierras indígenas y expropiación hasta que se dicte una nueva ley

La Segpres sugiere mantener, hasta la dictación de una ley sobre la materia, las operaciones mineras que existen hoy en zonas donde la Convención definió que ya no podrán estar, como glaciares, «ya que su cierre inmediato podría comprometer gravemente la economía y los empleos directos e indirectos que generan dichas faenas». Entre ellas, de Codelco. Lo mismo sobre derechos de aprovechamiento de aguas, para tener «una transición ordenada y gradual».

-El Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) envió un documento a la Convención Constitucional donde hace una serie de recomendaciones sobre las normas transitorias que deberá zanjar pronto dicha instancia.

Sugiere mantener la normativa actual en temas mineros, de aguas, restitución de tierras indígenas y en lo referido a expropiación, hasta que no se dicte una ley que pueda regular cada una de esas materias, entre otras.

Expropiación

En lo relativo a expropiación, el documento dice que «se identifica la necesidad de contar con una solución transitoria porque es una norma o materia que requiere implementación mediante normativa de inferior jerarquía, pudiendo mantener la vigencia de normas existentes para evitar perjuicios de derogación tácita. En vista de lo anterior, se recomienda mantener la vigencia de la ley existente, mientras no se dicte una nueva ley de expropiaciones».

Justo precio

La recomendación tiene por objeto mantener la regulación legal sobre el concepto de ‘justo precio’, lo que contribuye a dar certeza a propietarios que la legislación actual seguirá vigente, compensando a valor mercado por el bien expropiado. Esta propuesta de transitoriedad tiene por objeto minimizar los riesgos de incertidumbre por la entrada en vigencia de la nueva Constitución».

Concesiones

En el estatuto constitucional de los minerales hay un apartado bastante detallado. El gobierno recuerda que «si bien no se aprobaron normas permanentes referidas al régimen de concesiones mineras, este tema fue objeto de numerosas propuestas y la Comisión de Medioambiente ya aprobó en general propuestas de normas transitorias que modifican la normativa actual minera. Por su parte, el pleno aprobó una norma que excluye toda actividad minera de glaciares, áreas protegidas, zonas que por razones de protección hidrográfica establezca la ley, y las demás que ella declare».

Así, el texto dice que «un nuevo régimen de concesiones mineras no puede ser aplicado directamente por la Constitución, ya que requeriría una ley para regular diversos aspectos técnicos y jurídicos para su correcto funcionamiento. Por lo tanto, antes de la dictación de dicha ley es necesario mantener la vigencia de la normativa actual para permitir una transición ordenada y gradual, sin generar disrupciones que puedan afectar gravemente la economía. En línea con lo anterior, no se estima conveniente paralizar el otorgamiento de nuevas concesiones durante el período de transición ya que puede producir un estancamiento de la actividad minera mientras no se dicte la nueva ley».

Asimismo, el gobierno «sugiere mantener las operaciones mineras existentes en las zonas de exclusión, ya que su cierre inmediato podría comprometer gravemente la economía y los empleos directos e indirectos que generan dichas faenas. Además, considerando que la forma en que debe producirse el término de las actividades requiere una discusión técnica profunda, es recomendable dejar a la ley la determinación de dichas condiciones».

Concluye el texto que tanto las autorizaciones administrativas para el uso de aguas, las zonas de exclusión en minería y las propuestas de normas transitorias sobre concesiones mineras que aprobó la Comisión de Medio biente y que ahora debe ser vista por la comisión de Normas Transitorias, «constituyen cambios significativos en los regímenes de aguas y minería, los que requerirán innovación normativa para su implementación».

En ambos casos, sugieren seguir con las normas vigentes hasta que se dicte una nueva ley regulación. «Con esto se busca permitir una transición ordenada y gradual, sin generar disrupciones que puedan afectar gravemente el empleo, la inversión y la recaudación fiscal. Para garantizar la pronta dictación de estas leyes, se puede establecer un mecanismo que le dé urgencia a su tramitación», dice el documento. En el apartado sobre derechos a las tierras, territorios y recursos, el gobierno dice que esta es una materia que «requiere implementación mediante normativa de inferior jerarquía, porque no hay norma aplicable cuya vigencia mantener, requiriéndose necesariamente una innovación normativa. Asimismo, el tipo de norma exige gradualidad porque su aplicación inmediata irrogaría gasto fiscal».

Minería ve cambios más allá del régimen de las concesiones mineras

Descartada, hasta ahora, la nacionalización de la minería, el Consejo Minero hace ver que tanto o más importantes que el régimen de concesiones mineras, hay otros elementos que inquietan mucho más, de cara al futuro del sector.

Régimen de aguas

El régimen del agua, que alcanza al agua de mar sometida al mismo régimen jurídico que las aguas continentales. «El incentivo para desalar prácticamente va a desaparecer si una vez que estamos en aguas continentales pasan a ser de poder del Estado, y si al constituir derechos sobre el agua desalada y esos derechos no son transables, no se puede desalar agua para vender a terceros.Esto es muy grave, es un misil«,

Normas laborales y reconocimiento de territorios

Las normas laborales y la negociación interempresa y regional -por los distintos tamaños de empresas que conviven en las regiones mineras-, y aquellas normas de reconocimiento de territorios de los pueblos originarios, al requerir su consentimiento.

«Esto no existe en ninguna parte del mundo. Va más allá de todos los estándares aprobados internacionalmente», agrega.

«Sorprende la declaración del ministro Mario Marcel en el sentido de que no haya ninguna norma que afecte el desarrollo de la economía del país«, plantea Villarino.

Hasta el cierre de esta edición, la comisión de Medio ambiente había evacuado una normativa que establecía que los títulos otorgados «bajo la vigencia de esta Constitución», serán temporales, lo que a la industria minera hace suponer que estos cambios no serían retroactivos (para las faenas vigentes), sino para las futuras, para las que se introduce un cambio «bien radical», por cuanto no habría derecho de propiedad sobre ese título administrativo, perdiéndose certeza jurídica, estima.

»En lo que se propone, no hay nada relacionado con proteger a Codelco»

* Entrevista a Diego Hernández, presidente de Sonami.

• El líder gremial advierte de los efectos que tendrá la propuesta constitucional  en la industria minera.
• Lamenta que se perdiera la oportunidad de robustecer al sector de cara a una mayor demanda de minerales.

“No hay que ser ingenuos, lo que se quiere es debilitar el Código Minero y dar a la autoridad administrativa del gobierno de turno el poder de decisión, porque hay gente que cree que van a estar gobernando eternamente».

“Entre Chile y Perú está casi el 40% de la producción de cobre mina, y en los dos países las inversiones están estancadas por coyunturas políticas locales, eso es un tema que preocupa».

El presidente de Sonami, Diego Hernández, insiste en lo negativo de la iniciativa y advierte no existe una ley orgánica constitucional, o de mayorías especiales para el tema del estatuto de los minerales, por lo que quedan en manos de leyes simples cambios estructurales para el sector. «Como hemos visto históricamente, las mayorías van cambiando en el Congreso, y lo que esta actividad requiere es estabilidad de largo plazo, por lo que una ley simple permite hacer cambios con mucha más frecuencia», asegura Hernández.

-Pese a los ajustes, siguen viendo la propuesta como negativa para el sector ¿a qué se debe?

«Si bien antes eran autorizaciones administrativas, ahora le cambiaron el nombre, son lo mismo, títulos, que en el fondo es una decisión de un organismo del Ejecutivo que va a entregar la propiedad minera, y además, es temporal, no indefinida, tampoco se establecen condiciones de caducidad. Esto genera, versus la situación actual donde es el Poder Judicial el que otorga las concesiones, una serie de problemas que hacen menos atractiva la inversión en el país, y quedar en manos de la autoridad administrativa es bien complejo. Una de las fortalezas de la industria era justamente el Código Minero, y su sistema de adjudicación de los derechos mineros».

-Pero actualmente, en otros países existe un ente administrativo que entrega los permisos …

«Existe, es común, pero en esos países hay certezas de que tú puedes mantener esos permisos si es que cumples ciertas condiciones, en muchos son indefinidos. Lo que hemos visto acá es que la seguridad jurídica se ha ido precarizando, está el caso de El Soldado, que de acuerdo al criterio de un funcionario público del Sernageomin que no quería aprobar un plan de mina, estuvo apunto de paralizar, por el mal criterio de una persona. Ese es el tipo de situación que no queremos ver, hay antecedentes de este tipo, lo vimos también en el caso de Los Bronces (Integrado}».

-¿Qué sucede si finalmente se rechaza el artículo 27, en donde se abordan los temas mineros?

«No queda nada de minería en la Constitución, lo que es malo, pero habría una etapa posterior para poder discutirlo, y en la medida que se discute un problema acotado y no hay dogmatismo ideológico, se puede racionalmente llegar a la conclusión más conveniente para el país, porque en todo esto, nadie ha dado un argumento de por qué es necesario cambiar este sistema, o por qué podría ser mejor».

«No hay que ser ingenuos, lo que se quiere es debilitar el Código Minero y dar a la autoridad administrativa del gobierno de turno el poder de decisión, porque hay gente que cree que van a estar gobernando eternamente el país».

-¿Cómo afectarían estos cambios a la estructura de desarrollo de la minería?

«Creemos que una de las fortalezas de la industria es que tenemos empresas internacionales, nacionales en la pequeña, mediana y gran minería; y tenemos una empresa del Estado que produce el 30% del cobre en Chile, lo que ha fortalecido la minería, gracias a esto hemos logrado el parque productivo que tenemos hoy. En lo que se está proponiendo, no hay nada relacionado con proteger a Codelco».

«Si se aprueba lo que está hoy, Codelco podría ser privatizado por un gobierno, que es algo que nosotros no recomendaríamos, pero esto no está protegido y si llega un gobierno que quiera privatizar Codelco lo va a poder hacer con simple mayoría. Es por eso que nosotros decimos que esto es malo, la estructura que tenemos hasta hoy, da certeza jurídica y permite invertir con una visión de largo plazo».

-Viene llegando de un foro internacional en Italia ¿es tema la realidad de Chile entre los inversionistas?

«Sí, afuera les cuesta entender que haya gente que en Chile quiera debilitar la minería, es difícil explicarlo. El mundo está en una coyuntura compleja, y está saliendo de este período complejo hay una visión común en relación al cobre, por el cambio climático y la electromovilidad. Todos están de acuerdo que el cobre tiene mucho futuro, al igual que el litio, níquel y otros minerales que van a permitir el combate a las emisiones, por lo que hay optimismo respecto a eso, pero hay preocupación de que si el mundo va a ser capaz de proveer estas materias primas».

«Entre Chile y Perú está casi el 40% de la producción de cobre mina, y en los dos países las inversiones están estancadas por coyunturas políticas locales, eso es un tema que preocupa. En el corto plazo no hay seguridad de que el aumento de la demanda vaya a seguir en un ritmo muy alto, sí en el largo plazo».

-¿Está perdiendo el país una oportunidad de aprovechar este buen ciclo para los minerales?

«Absolutamente, en vez de robustecer la seguridad jurídica para aprovechar esta oportunidad de seguir produciendo cobre y aumentar la producción si fuese posible, de atraer las inversiones, porque claramente el Estado no tiene la capacidad. Se necesitan inversiones, no puede ser que perdamos esta oportunidad que es única, es ahora que se va a necesitar más cobre, no en 50 años más. Se necesita aumentar el volumen de cobre circulando en los mercados, hay un tema de oportunidad que en la Convención no tiene visibilidad».