Norma de Convención Constitucional que busca regular la contaminación complicaría a industrias

  • La Convención Constitucional alcanzó un nuevo hito durante este jueves, luego de que la Comisión de Medio Ambiente se convirtiera en la primera en iniciar la votación de las normas constitucionales en general, aprobándose dos propuestas que generaron algunas dudas entre algunos de sus miembros, por el efecto que eventualmente pudieran tener sobre el funcionamiento de algunas industrias.

Por ejemplo, fue respaldada la iniciativa de norma constitucional «que garantiza y protege a la atmósfera como bien común», que dentro de su articulado apunta no sólo la protección, sino también a que la restauración de sus características naturales debiesen ser objetivos de interés público, indicando que las tareas necesarias para su logro son deberes del Estado.

Esa norma también determina que «toda persona, de forma individual o colectiva, tiene la obligación de que sus actos individuales o colectivos no contribuyan a establecer fuentes permanentes de contaminación atmosférica», y también hace referencia a poder acceder a «cielos oscuros».

En este aspecto la norma es justificada, aludiendo a la existencia de contaminación lumínica cuyos «efectos, que hoy están asociados a un mal diseño de iluminación de ciudades, faenas mineras, y grandes prestadores de servicios, se perciben a varios cientos de kilómetros de distancia».

Algunos miembros de la comisión que no quisieron ser citados, manifestaron que con la norma de «cielos oscuros» podrían verse afectadas faenas mineras, proyectos eléctricos e incluso la aviación.

En todo caso, fuentes del sector minero restaron importancia a estas aprensiones, porque los resguardos de la industria existentes en la materia ya tendrían contemplado el cumplimiento de normas internacionalmente aceptadas para estos efectos.

Luz verde para iniciativa que busca garantizar el acceso a la montaña

Otra de las normas que se aprobaron ayer por la comisión de Medio ambiente fue la que busca garantizar el acceso a la montaña que, por ejemplo, plantea este aspecto como un derecho a garantizar por el Estado, «así como el derecho de uso de senderos ancestrales, promoviendo y asegurando la conservación, protección y restauración de ecosistemas, infraestructura asociada, sitios y recorridos de tránsito y uso ancestral».

Si bien fue mayoritariamente respaldada, constituyentes de todos los sectores presentaron sus reparos y anunciaron el ingreso de modificaciones al articulado, incluyendo a representantes de los pueblos originarios.

Dentro de la propuesta, impulsada por Nicolás Núñez (FRVS), se establece que en caso de que existan impedimentos o colisión de derechos, tendrá que ser el Estado el encargado de velar prioritariamente por la protección de la biodiversidad y los ecosistemas de montañas. Mientras que, en caso de existir actividades de desarrollo económico, dispone que «estas tendrán que ser ecológicamente sustentables, resguardando el patrimonio natural, las funciones ecosistémicas, y la cultura de las comunidades».

La norma debe ser sometida a la votación del pleno de la entidad, donde para ser incluida en la nueva Constitución tiene que contar con dos tercios de los votos.

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