Nacionalización del Cobre

Ministerio del área y Cochilco advierten destrucción de 850 mil empleos si se concreta moción para »nacionalizar» la industria minera

• Documento se ofició a la presidenta luego de aprobarse, en general, en la comisión de Medio Ambiente la iniciativa que busca pasar a manos del Estado empresas del sector.

El ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, hizo llegar este martes un oficio a la presidenta de la instancia, María Elisa Quinteros, en el que se detalla que ante el avance del trabajo de la Convención y «dado el inicio de las discusiones y votaciones en particular sobre los eventuales contenidos de la nueva Constitución», se entregan amplios antecedentes respecto de la industria local.

Consultado por mayores detalles, el ministro Jobet explicó que «el diagnóstico respecto de una estatización es muy claro y compartido, y desde luego, los efectos serían muy negativos para la industria, que no hay que entenderla como un grupo pequeño de compañías, sino como un ecosistema muy diverso; de empresas nacionales, extranjeras, pequeñas, medianas, grandes, de muchos proveedores, de 850 mil empleos directos e indirectos, con efectos sociales muy importantes, con regiones donde más del 60% del empleo está vinculado con el sector minero».

Jobet dijo que el actual Gobierno ha intentado impulsar una Política Nacional Minera que refleja la industria que se quiere tener. «Queremos una minería que haga un aporte cada vez más importante al país en materia económica, fiscal, de empleo, pero también con las comunidades, el cuidado del Medio Ambiente, de provisiones de los minerales que el mundo necesita para enfrentar el cambio climático«.

«Chile es responsable de un 28% de la producción mundial de cobre, pero este es un mercado muy profundo, por lo que no se puede controlar el precio en los mercados internacionales. Lo que va a pasar es que los capitales van a ir a desarrollar proyectos en otros países, aparte de todos los problemas que habrá respecto de tratados de libre comercio y compromisos internacionales«, añadió.

«Hay desconocimiento, por eso queremos aportar con estos antecedentes. Mucha gente sostiene la siguiente lógica, que entiendo de dónde viene, pero está equivocada. El cambio climático tiene efectos ambientales, lo que es cierto; la minería cuando no se hace bien puede tener efectos ambientales, lo que también es cierto; por lo tanto, en el contexto del cambio climático hay que detener la minería, conclusión que está equivocada, porque sin minería es imposible detener el cambio climático»,añadió.

¿Hay agua en la piscina?

• PS, FA e independientes abren dudas acerca de la nacionalización de recursos mineros y preparan camino alternativo.

Varios convencionales están mirando con atención lo que está aconteciendo en la comisión que se ha robado los titulares de los últimos días, sobre todo con la idea de que el Estado adquiera todas las empresas mineras.

Algunos han saltado despavoridos, otros intentan amainar señalando que es solo un trámite, otros ya están trabajando en nuevas indicaciones. Y varios creen que esta idea no pasará el filtro en el Pleno.

Las alertas se encendieron con el primer resultado: 13 a favor y solo 6 votos en contra de la norma que establecía un Estatuto especial de los bienes naturales estratégicos. Y la luz roja estalló cuando al término de las diez votaciones de este articulado quedó claro que la comisión de Medio Ambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico, respaldaba la nacionalización de los recursos mineros.

En términos simples, la norma establece que bienes como el cobre, litio, hidrocarburos líquidos o gaseosos, tierras raras, entre otros, son estratégicos, y por esa razón el Estado tiene dominio absoluto. Por ende debe ejercer esa propiedad -uso, goce y disposición- a través de la nacionalización de esas actividades o empresas, cuyas concesiones de exploración y explotación cesarán de forma inmediata. Claro que comprendiendo el pago de una indemnización que fijará la Contraloría.

Las interrogantes se multiplicaron: ¿qué pretende la Convención? ¿ Terminar con la minería? ¿De dónde obtendrá dinero el Estado para pagar los miles y millones de dólares que costaría un proceso de este tipo? ¿El Estado es capaz de gestionar todas las mineras y con qué plata invertirá?

«Las izquierdas transformaron los cambios en refundación y, ahora, la refundación la convierten en demolición de Chile», señalaba Bernardo Fontaine, de Chile Vamos, quien como el único economista en toda la Convención, e integrante de esta comisión, se toma la cabeza mil veces para tratar de entender el rumbo que va tomando la discusión.

Paños fríos

Pero más allá de las alertas, varios dentro de la Convención prefieren poner paños fríos para bajar la fiebre desatada. Hay algunos argumentos que podrían servir para aliviar la inquietud, aunque como es lógico, no los convencen a todos.

Primero es que la comisión de tan largo apellido está conformado mayoritariamente por eco constituyentes, y por convencionales que vienen de las llamadas zonas de sacrificio (medioambiental); por tanto, no tienen ni un ápice de valoración del aporte que ha hecho la minería. «En la Comisión no hay representantes de Frente Amplio, hay uno del colectivo socialista, y la mayoría representan a movimientos sociales, lo que no refleja lo que podría suceder en el Pleno«, admite la convencional Carolina Sepúlveda, del colectivo Independiente No Neutrales (INN) que es parte de esta instancia especializada.

Otro punto a considerar es que este es el primer paso de un proceso más o menos largo de deliberación, por tanto en el camino muchas cosas pueden cambiar o lisa y llanamente ser eliminadas.

«El proceso constituyente es una ventana para conocer las distintas miradas que conviven en este país y, en ese sentido, surgen ideas que comienzan a tramitarse en las comisiones que, aunque cuentan con algún grado de acuerdo, no necesariamente son representativas del total de los constituyentes«, asevera Ricardo Montero, del colectivo socialista. Explica que después de esta primera aprobación -por mayoría simple en la comisión-, dentro de la misma instancia se presentarán indicaciones a las normas, que dará paso a la discusión en particular. Luego la norma llega al Pleno, y si no logra los 2/3 de los 154 constituyentes, pero obtiene mayoría simple vuelve a la comisión respectiva, la cual tiene 15 días para rectificar y presentar una nueva fórmula que sea viable. «La comisión debe entender que deben ser responsables para lograr un nuevo modelo de desarrollo más sostenible, y no presentar normas que son técnicamente deficientes como esta», admite fuera de micrófono un convencional.

Ha llegado carta

Una opinión similar transmitieron dentro del Colectivo del Apruebo que decidieron el viernes en la tarde enviar una carta de dos carillas a todos sus compañeros convencionales, instándolos a reflexionar sobre la mejor forma de llegar a los dos tercios y no tentarse por gustos personales. «Consideramos indispensable iniciar un diálogo político franco y fraterno, sin exclusiones, puesto que fuimos elegidos para proponer una nueva Constitución y no para adueñarnos de ella y menos aún para sabotearla. Tenemos que mantener la vista puesta en el resultado del proceso, para lo cual se requieren acuerdos tan amplios como extendidos«, indica textual la carta.

«Muchas de las iniciativas que se han aprobado han respondido más a simpatías personales, a ciertas causas, y se están olvidando que esta Constitución es para todos y que luego van a requerir los dos tercios», acota el convencional de este bloque Miguel Ángel Botto. En cuanto a los recursos naturales, puntualiza que si bien deben pertenecer a todos los chilenos, hay que permitir el ingreso de privados mediante concesiones que otorguen certeza jurídica.

Aquí hay un tercer punto y es que varios representantes de los colectivos que no están dentro de esa Comisión, creen que la nacionalización no tiene ningún asidero y que jamás logrará los 2/3.

«Entiendo que hay propuestas que pueden parecer conflictivas o generen cierto grado de alarma, pero estamos aún votando en general. Me parece que abrir la discusión respecto de la propiedad y administración de bienes comunes estratégicos es necesario, pero hay que equilibrar con las condiciones reales y económicas del Estado chileno. No creo realmente que la nacionalización junte los dos tercios», acota el convencional Ignacio Achurra (FA).

Así también opina Carolina Sepúlveda (INN): «No creo que la nacionalización logre los dos tercios, lo descarto completamente. Por eso es importante hacer las indicaciones para que sean revividas en el Pleno».

La indicación para contrarrestar

Y este es un cuarto punto: aquellas indicaciones presentadas y rechazadas en comisión, pueden volver a presentarse ante el Pleno con el patrocinio de 16 convencionales.

Es por ello que tanto Chile Vamos como otros grupos ya están trabajando en su artillería de indicaciones para destronar la nacionalización de los recursos.

Por mientras ya hay una iniciativa firmada por el Frente Amplio, socialistas e INN, sobre el dominio minero que debe ponerse en tabla en dicha comisión. Esta propuesta de tres artículos confiere a la minería en Chile una función social, adoptando la teoría del dominio patrimonial que «establece que el Estado es el dueño absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los yacimientos mineros», pudiendo entregar a los particulares una concesión administrativa para la explotación.

La convencional del FA, Yarela Gómez, quien también integra el grupo transversal de ecoconstituyentes explica el sentido que desean abordar en este campo, manifestando que comparte la idea de una Constitución ecológica, pero con otra estrategia. «Nosotros creemos que hay elementos que deben ser nacionales de uso público. El objetivo, es ver cuáles serían los límites de la propiedad y de carga de los ecosistemas. En ese sentido, no me parece que la nacionalización sea la discusión más importante, sino que cómo construimos una constitución ecológica y, más trascendental aún, es cómo superamos el modelo extractivista. Ahí, la discusión es más amplia que nacionalización si o no», remarca.

Como ya es un clásico, los socios del FA en el Pacto Apruebo Dignidad no concuerdan con esta opción, mientras el Partido Comunista están por respaldar lo que ha hecho la comisión, aunque atornillando algunas tuercas para no desplazar a los privados. «Soy partidario de nacionalizar los bienes públicos como el cobre, el litio y el agua. Debe haber una nueva gobernanza ambiental, que el país tenga soberanía sobre esos bienes y no las transnacionales, pero eso no implica que sea solo el Estado quien pueda explotarlos, los privados pueden participar con contratos especiales», afirma el convencional Marcos Barraza (PC).

En la derecha son escépticos y temen que ciertas normas, pese a las indicaciones, terminarán pasando el filtro de los 2/3. Aún así cruzan los dedos para que la nacionalización no logre el apoyo suficiente y finalmente, atendiendo el perfil más extremo de la Comisión, no logren consensuar nada y que el Pleno rechace incluir la minería en la Constitución, quedando este rubro regido solo por las leyes de la República a merced de los parlamentarios.

«Dada la altas votaciones y la pasión de los constituyentes, creo poco factible que el contenido de estas normas francamente descriteriadas se moderen. Uno esperaría que las fuerzas del gobierno de Boric, el PS y FA contribuyan a echarlas abajo, porque de lo contrario ni súper Mario Marcel podrá sacar la economía adelante con lo que está tramitando la comisión», sentencia un desilusionado Fontaine.

Hay varios representantes de los colectivos no presentes en la Comisión que creen que la nacionalización jamás logrará los 2/3 en el Pleno.

Autora de la idea: »Desde mi punto de vista, no debe haber indemnizaciones» a las mineras

María Rivera es una de las nueve convencionales que patrocinó la propuesta de nacionalizar los recursos estratégicos. Por vía digital, la representante de la Lista del Pueblo por el distrito 8, de Maipú-Estación Central, explica el modelo que está detrás de esta idea.

«El objetivo de nacionalizar el cobre, el litio y otros bienes estratégicos es recuperar para el pueblo lo que nos pertenece. Es utilizar la enorme riqueza producida por los trabajadores para solucionar problemas de salud, vivienda, educación y pensiones. También, es el primer paso para frenar la enorme destrucción ambiental provocada por la gran minería», señala la convencional que estudió Derecho en la Universidad Bolivariana.

-Pero esas empresas tienen dueños.

«Solo el primer semestre del año pasado, las 15 grandes mineras privadas tuvieron LIS$ 6.000 millones de utilidades declaradas. Con ese dinero se podría pagar una pensión de $650.000 a más de 1,2 millones de adultos mayores durante seis meses. Sin hablar de la cantidad de ganancias que no declaran esas empresas, debido a varios mecanismos de elusión y evasión fiscal que utilizan. Un estudio de economistas de la U de Chile (Gino Sturla y otros) muestra que las grandes mineras se llevan más de US$ 12.000 millones al año de utilidades no declaradas».

Convencional María Rivera, de la Coordinadora Plurinacional.

-¿En ese esquema, será el Estado el que gestione todas las empresas?

«Sí, el Estado se haría cargo de todas las empresas de la gran minería, no de la pequeña ni mediana. Nuestra propuesta incluye la democratización de la administración e integrar los directorios por trabajadores mineros, comunidades, técnicos y representantes del gobierno, sin que ningún sector tenga mayoría absoluta. No creemos que el modelo de Codelco sea lo ideal, funciona como una empresa capitalista, sus directorios han sido designados por miembros de los partidos de los 30 años y son grandes empresarios. Este artículo sobre los directorios no fue aprobado por la Comisión, pero volverá a entrar con la presentación de la Iniciativa Popular de Norma«.

-¿Cómo están pensando implementar la idea y las indemnizaciones a los dueños de las empresas?

«Si la norma es aprobada, el gobierno tendrá un plazo para implementarla. Desde mi punto de vista, no debe haber indemnizaciones, porque las grandes mineras ya han saqueado el país por más de 30 años, a través de la extracción y exportación de concentrado de cobre. La gran minería privada ha pagado mucho menos impuestos de lo que deberían en los últimos 30 años. Por tanto, no les debemos nada, ellos les deben al país«.

-¿Sobre qué experiencias comparadas se basan?

«Es interesante ver que los dueños de la minería y sus defensores en los medios de comunicación dicen que la nacionalización llevaría a la bancarrota al Estado chileno. Es evidente que van a decir eso, están defendiendo sus intereses, sus privilegios. La mejor experiencia comparada de nacionalización es la de Chile en los años 70, que significó mayor democratización de las empresas, mejor manejo de los excedentes, aumento de la productividad, etc. Hasta hoy, Codelco sigue siendo tan importante que ni los militares la quisieron privatizar, ellos siempre dependieron de Codelco, con eso financiaron sus regalías, viajaron por todo el mundo, se enriquecieron. ¿ Y nos quieren decir que las empresas estatales no funcionan?».

-¿No tienen en vista la experiencia de Venezuela?

«Si queremos hablar de experiencias fracasadas de nacionalización, como Venezuela, podemos hablar, pero en serio. Los problemas de Venezuela no tienen que ver con la nacionalización, sino con un Estado rentista que vive del petróleo. Lo que hicieron Chávez y Maduro fue profundizar la dependencia del petróleo y utilizar esas rentas para pagar derechos sociales y enriquecerse. Cuando el precio cayó, el país se fue a quiebra, sin haber generado un camino distinto de desarrollo. No hubo ningún control popular ni obrero sobre las nacionalizaciones en Venezuela y el PSUV se corrompió totalmente. Los chavistas se hicieron millonarios con la plata del petróleo. Así que yo no defiendo el proyecto chavista. Lo que queremos es que Chile, a través de un Estado y empresas controlados por la clase trabajadora y las comunidades, planifique qué hacer con sus bienes estratégicos».

-Considerando el revuelo que ha causado, especialmente entre el empresariado minero, ¿cree que la norma cuente con los dos tercios en el pleno?

«Creo que si las y los demás constituyentes no nacionalizan el cobre y no recuperan lo que el gran empresariado nos ha saqueado, la nueva Constitución no va a solucionar nada. Y les digo a los demás constituyentes que se quieren oponer a la nacionalización: lo que ustedes están cocinando es un nuevo estallido social en algún tiempo más«.

-¿Está disponible para moderar la norma y lograr consenso?

«No. Yo no quiero hablar de «lo posible», yo quiero hablar de «lo necesario». El pueblo está cansado de políticos que hacen lo posible».