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Contribución al bienestar territorial

El creciente interés de las empresas por implementar procesos de autorregulación corporativa en línea con los criterios ESG, ha motivado a universidades y centros dedicados al tema a examinar la calidad y efectividad del vínculo que las empresas establecen con comunidades afectadas por algunas faenas u opera­ción.

En sus análisis, los investigadores han logrado identificar algunas prácticas que son comunes:

Diseñar estrategias de relacionamiento de largo plazo
  • Identificar las fortalezas y debilidades de los territorios donde se opera permite comprender mejor el contexto del en que se interviene.
  • Esto hace posible a las empresas caracterizar mejor las particularidades de cada comunidad y diseñar estrategias de relacionamiento a largo plazo.

Impulsar el valor del aporte social

  • No limitarse sólo a aportes monetarios. Buscar formas de involucrar activamente a las personas en soluciones y causas de bien comunitario, fomentando el trabajo colaborativo. Esto implica desarrollar iniciativas que promuevan el emprendimiento local, apoyar la educación y buscar soluciones sostenibles a los desafíos sociales.
Comunidades y proyectos mineros
  • En la construcción de relaciones de confianza con comunidades indígenas y locales, implementar sistemas de gestión social basados en estándares internacionales que identifican riesgos y posibles impactos, para abordarlos de manera anticipada.

Respuestas rápidas a demandas necesarias

  • En un contexto de transformaciones socioambientales urgentes, reconocer la necesidad de aportar soluciones rápidas y oportunas.
  • Esto implica mantener una mayor y permanente cercanía con la comunidad; una retroalimentación constante, y una mentalidad abierta a nuevas y distintas posibilidades de trabajo comunitario.

Programa de Participación Activa y Relacionamiento Comunitario

  • El Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autónoma de Barcelona, publicó un estudio internacional que revela que la mayoría de los conflictos ambientales documentados, a nivel global, están relacionados con la minería; los combustibles fósiles; los proyectos de represas; y el sector agrícola.

El instituto, cuya finalidad es promover la sostenibilidad en los territorios y el liderazgo de las empresas, identificó que el 34% de estos conflictos afectan a pueblos indígenas.

En Chile

En el contexto chileno, la investigación confirmó que la minería y las empresas hidroeléctricas son las de mayor impacto en las comunidades, indicando que; y que por lo mismo, un número de estas organizaciones han comprendido el valor de fortalecer los vínculos con la comunidad, realizando acciones que les han permitido anticiparse a riesgos y generar confianza.

Interés insuficiente

El estudio detecta un aumento en el interés por implementar procesos de autorregulación corporativa alineados con los criterios ambientales, sociales y de gobierno (ESG), sin embargo, señala que aún falta trabajo para lograr ecosistemas sostenibles y para consolidar vínculos satisfactorios con las comunidades afectadas por las operaciones industriales.

Rol clave de la comunicación

El estudio señala que el involucramiento con las comunidades es esencial para el éxito de los proyectos a largo plazo, lo cual exige una comunicación fluida y de mutua confianza con la comunidad, para comprender con transparencia las necesidades y preocupaciones de las partes interesadas.

Anticipación

Se resalta la importancia de abrir canales que impulsen la participación y consulta temprana de los proyectos, antes de su evaluación ambiental, lo que permite que las comunidades y las partes interesadas expresen sus inquietudes.

Desinformación

Los investigadores reafirman la importancia de desarrollar planes de comunicación para gestionar la desinformación y contrarrestar la influencia de terceros que generan opiniones negativas sobre los riesgos ambientales o el impacto social de las operaciones.

Señalan que en múltiples ocasiones la desinformación es generada en contextos políticos.

Lenguaje comprensible

El estudio identifica como requisito indispensable para la comunicación empresa – comunidad, contar con profesionales medioambientales calificados; facilitadores de procesos participativos; y expertos en comunicación capaces de traducir la complejidad de la normativa ambiental que se exige a los proyectos,  a un lenguaje comprensible para la comunidad.

 

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