Se dijo desde la SONAMI

“Chile podría producir más de 6 millones de toneladas de cobre si se acorta tiempo de trámites”

• Más de 11 años tardan los permisos para proyectos nuevos de gran minería; 7,5 años para medianas faenas y cinco años para pequeñas operaciones, refirió el dirigente.

Si se acorta el tiempo de tramitación de los proyectos mineros, “Chile podría producir entre 600.000 a un millón más de toneladas al año, llegando fácilmente en 2024 a superar los 6 millones de toneladas de cobre y quebrando así la tendencia de los últimos 18 años en que la producción viene cayendo sostenidamente”.

Así lo señaló el vicepresidente de Sonami, Cristián Argandoña, quien participa en la Mesa Royalty, instancia que se constituyó tras el compromiso adquirido por Hacienda de reducir en un tercio la tramitación de los proyectos mineros en el contexto de la aprobación de un nuevo impuesto a la minería.

En ese marco, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) midió cuánto tardan en aprobarse los proyectos mineros. Los resultados revelaron algo que todos sabían: los tiempos son excesivos y ahuyentan a los inversionistas, dijo Argandoña.

“El mundo tiene una necesidad acuciante de minerales críticos para la transición energética: al 2050 se necesitan 39 millones de toneladas de cobre y hoy producimos 25 millones de toneladas y para 2030, requerimos unos 36 millones; o sea, en seis años debemos elevar la producción en 11 millones de toneladas. ¿De dónde los sacamos y cómo lo hacemos?”, expresó Argandoña, indicando que la producción de Chile en 2023 llegó a 5,25 millones de toneladas, su menor nivel en dos décadas.

“Si no aumentamos la producción de cobre, la transición energética se va a demorar más y la carbono neutralidad también, deteniendo la lucha contra el cambio climático”, argumentó el dirigente gremial.

Citando la CNEP, informó que “una explotación nueva tarda 138 meses, es decir, poco más de 11 años. Una explotación de minería no metálica demora 90 meses, equivalente a 7,5 años”. En tanto, añadió, “una explotación metálica con relaves tarda 87 meses, es decir 7, 25 años de trámites y autorizaciones”. A su vez, los proyectos medianos tardan cinco años y medio en lograr los permisos.

“Uno de los grandes factores que tiene detenida la inversión minera y frena la producción es este sistema de permisos que se ha instalado en el país”, señaló Argandoña.

Efectos del royalty

Según Cristián Argandoña, aunque Sonami siempre estuvo en contra del royalty, la institución reconoce que tres cosas fueron positivas en el debate relativo al tributo. La primera, que los recursos recaudados llegarán a 43 comunas, principalmente las localidades mineras; la segunda; que se terminó el período de incertidumbre en torno al tema, que por sí mismo detenía inversiones, y, por último, que Hacienda se comprometió a impulsar cambiar y reducir en un tercio el tiempo de tramitación de los proyectos mineros.

Pero a la luz de estos números, quedan dudas de que la disminución de 33% sea suficiente. “Pero al menos es algo”, expresó el directivo.

Propuestas

El dirigente propone que “los proyectos antiguos vigentes hay que dejarlos que se muevan”, es decir, simplificar la obtención de permisos y evitar “el peregrinaje por todos los servicios, la Conaf, la DGA, etc.” .

Una forma de hacerlo es no partir de cero la tramitación ambiental, sino recoger el acervo existente. “La misma información que un servicio le pide al titular 1, después se la pide al titular 54, cuando uno debiera basarse en la información que ya está recogida en la tramitación de otros proyectos”, dijo Argandoña. Una idea que propuso el dirigente es dar más importancia a las declaraciones juradas.

Otra propuesta es que la tramitación ambiental haga suya la categorización que hizo el royalty para cobrar el impuesto específico a la minería, lo que se traduce en que las faenas de menor producción están exentas de pagar el tributo, las medianas pagan una tasa menor que las grandes, que son las que extraen más de 50 mil toneladas.

“Esa categorización puede servir para simplificar la obtención de permisos”, explicó. Por ejemplo, dijo, las medianas mineras que piden extensión de su vida útil tienen que pedir casi los mismos permisos que solicitaron cuando partieron.

“El mundo tiene una necesidad acuciante de minerales críticos para la transición energética: al 2050 se necesitan 39 millones de toneladas de cobre y hoy producimos 25 millones de toneladas”.

Huachipato: Se está tratando de traspasar la responsabilidad a las mineras

• Una categórica respuesta dio el presidente de Sonami, Jorge Riesco, al ministro de Economía, Nicolás Grau, quien solicitó que las empresas mineras fueran parte de la solución para evitar el cierre de la Siderúrgica Huachipato y compraran a precios más altos.

En el marco del encuentro organizado por la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, y el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, respondieron al planteamiento del ministro de Economía, Nicolás Grau, que las firmas del sector formen parte de la solución de la crisis por la que atraviesa Huachipato.

Los líderes mineros, aunque expresan preocupación por la situación de Huachipato y su impacto social, rechazaron la idea que el sector minero deba asumir responsabilidad por la crisis.

SONAMI

Al respecto, Riesco enfatizó la importancia que las empresas mineras mantengan su autonomía para decidir de quién adquieren sus insumos y rechazó la idea que el gobierno quiera influir o asignar responsabilidades a las mineras en relación a la crisis de Huachipato. Hay que ser muy claros en que cadza empresa tiene una estrategia y tiene libertad para decidir las compras de la cadena de suministro y buscar las mejores condiciones, aseveró Riesco.

Indicó que si bien la situación de Huachipato es similar a lo ocurrido con la Fundición Paipote, de Enami, cuya operación tenía efectos ambientales severos y cerró para modernizar sus instalaciones, en el caso de la siderúrgica no se ve un proyecto de reemplazo.

En algún momento, dijo, hay que reconocer que las instalaciones no pueden seguir funcionando en condiciones operativas ineficientes y con costos tan altos; hay que preguntarse por qué la empresa quedó fuera de carrera después de más de 70 años de funcionamiento exitoso. Hay que analizar casos exitosos de siderúrgicas y homologarlos en Chile, concluyó.

Consejo Minero

Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, abordó el tema desde el punto de vista de la necesidad de mejorar las condiciones de competitividad en Chile, criticando la rigidez laboral, las altas cargas tributarias y la burocracia estatal, argumentando que estos factores ahogan a las empresas y las vuelven inviables a mediano y largo plazo.

Como país tenemos que pensar en serio cuál es la legislación laboral que queremos para el siglo XXI, indicó; si sólo estamos preocupados de incrementar los costos laborales y restringir las horas de trabajo, no nos extrañemos que las empresas se transformen en inviables; si las cargas tributarias no son competitivas, no nos extrañemos que las empresas no quieran producir en el país y prefieran invertir en China y traer los productos desde allá. «Esto es el ABC de la economía«, enfatizó «así funciona el sistema».

Peligrosa lógica de “autodefensa” en las faenas mineras

• Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), criticó la reciente legislación sobre seguridad privada y manifestó la preocupación del gremio por las medidas de seguridad impuestas, consideradas excesivas y potencialmente perjudiciales para el sector.

Indicó que la nueva ley sobre seguridad ciudadana al legislar en materia de seguridad privada designa algunas empresas como estratégicas obligándolas a implementar medidas específicas de seguridad que incluyen la contratación de guardias armados, lo cual es desproporcionado y dañino , puesto que los riesgos de seguridad principales se encuentran fuera de las instalaciones mineras, que es donde debería intervenir la autoridad pública.

Para el presidente de la SONAMI  la imposición de una lógica de autodefensa a las empresas, es una señal que la autoridad podría estar abdicando de sus responsabilidades en garantizar la seguridad y el estado de derecho.

Cuestionamiento a la Determinación

De acuerdo al líder gremial esta determinación se basó en informes de seguridad a los cuales las empresas no tuvieron acceso y que pueden no reflejar la realidad de las condiciones de seguridad de las faenas mineras.

Llamado al Diálogo y Revisión

El presidente de SONAMI hizo un llamado a las autoridades a dejar sin efecto los decretos basados en la normativa derogada, revisar las medidas de seguridad de manera responsable e incorporar a las empresas mineras en el diálogo sobre seguridad.