Se dijo desde la SONAMI

«Chile, como país minero, se apoya en tres pilares principales: la gran minería del cobre estatal, representada por Codelco; la gran minería privada, representada por una diversi­dad de compañías nacionales y extranjeras, y un tercer segmento que incluye a la pequeña y mediana minería privada, donde la Empresa Nacional de Minería (Enami) ha jugado un rol significativo. Estos tres pilares no solo han coexistido exitosamente, sino también se han potenciado, y sus logros técnicos y de gestión son un ejemplo para muchos paí­ses.

Con los embates que tuvimos durante el primer proceso constitucional y el extenso debate sobre el royalty minero -ambos temas ya cerrados-, nuestra minería estaba un poco sumergida; no había noticias de nuevos proyectos ni de grandes inversiones. De hecho, los reportes de los distintos centros de estudio daban cuenta de una reducción de la inversión. Sin embargo, en el último tiempo hemos estado viendo anuncios muy importantes, que aplaudimos, pues demuestran que nuestro país sigue siendo atractivo para invertir y que la minería, en particular, no se ha quedado dormida.

Así, por ejemplo, ya se encuentra en curso la inversión emprendida por Antofagasta Minerals en su proyecto Centinela 11, y en días recientes Freeport-McMoRan ha anunciado una inversión estimada en LIS$ 7.500 millones para expandir su operación en Minera El Abra, que posee en sociedad con Codelco, que de llegar a concretarse podría entrar a operar en 2033.

En el escenario actual, contamos con una interesante cartera de proyectos mineros, del orden de LIS$ 64 mil millones de acuerdo a Cochilco, que nos pueden asegurar una importante presencia en el mercado internacional de los metales, que nos demandará la necesidad de una mayor producción para hacer frente al cambio climático, la electro­movilidad y la transición energética.

Ahora bien, la existencia y calidad de recursos mineros y yacimientos es una condición necesaria, pero no suficiente. Existen en otros países o áreas geológicas atractivas, que hoy están en el ojo de los inversionistas, como el Congo.

Medidas pro crecimiento

En este sentido, los aspectos institucionales son fundamentales para atraer y concretar inversiones, y en este ámbito aún hay temas, como los excesivos tiempos de tramitación ambiental de los proyectos y la falta de certeza jurídica en materia de permisos y regulaciones que deben afrontar los proyectos mineros, cualquiera sea su tamaño, que ponen una nota de incertidumbre.

Como parte de nuestras medidas pro crecimiento, planteamos en noviembre del año pasado la necesidad de aplicar un fast track para aquellos proyectos que se encuentran en proceso de puesta en marcha, pero que deben aún enfrentar los extensos procesos de aprobación de permisos y que, muchas veces, se enredan en la burocracia. No estamos pidiendo no cumplir los estándares que contemplan las normativas y regulaciones ambientales, sino agilizarlas. Consideramos que las empresas tienen muchos proyectos de mejoras operativas y de optimización que podrían incrementar sus producciones, actualmente limitadas por autorizaciones que son muy rígidas y no dan espacio a incrementos productivos sin un mayor impacto ambiental.

Si como producto de estas medidas lográramos incrementar en un 20% nuestra actual producción de cobre, que se encuentra estancada hace muchos años, podríamos aportar un millón de toneladas de cobre adicionales; y de comenzar a implementarlas ahora, podríamos tener algunos primeros resultados hacia finales del actual gobierno.

Bajo el supuesto de un precio del cobre de alrededor de 4 LIS$/lb y un aumento de producción del 20% solo de la producción anual de la minería privada respecto de 2023, se puede estimar un aumento de ingresos fiscales por impuestos del orden de LIS$1.200 millones anuales, aproximadamente. Esto generaría un incremento cercano al 0,9% del PIB nacional.

Esto, sin contar con los positivos efectos que este incremento de actividad tendría a nivel local, por los encadenamientos productivos que genera -de manera abundante- la minería.

Mediana minería

Por ejemplo, la mediana minería es un caso emblemático. De acuerdo a la definición implícita en la normativa del royalty minero, cada una de las empresas de este segmento produce entre 12.000 y 50.000 toneladas de cobre fino al año, representando un 3% de la producción nacional.

Aunque esta cifra puede parecer modesta, la mediana minería tiene un potencial significativo para crecer y contribuir de manera más sustancial a la economía chilena. Es fun­damental reconocer su papel y los desafíos específicos que enfrenta para poder apoyar su desarrollo. No debemos olvidar que la mediana minería es una fuente relevante de empleo local, que ha logrado labrar una estrecha relación con sus comunidades, y potenciar el desarrollo económico en las regiones mineras. Su agilidad y capacidad para adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías y métodos de extracción la posicionan como un sector clave para el crecimiento futuro.

La mediana minería también juega un papel esencial en la diversificación de nuestra economía minera, permitiéndonos no depender exclusivamente de los grandes proyectos. Esta diversidad es crucial para la estabilidad y resiliencia del sector, especialmente en tiempos de volatilidad económica o fluctuaciones en los precios de los metales, especial­mente ante la ausencia de nuevos grandes proyectos en el horizonte.

En nuestro constante recorrido por zonas mineras, hemos podido apreciar la enorme pujanza de quienes se dedican a esta tradicional y arraigada actividad. Hay proyectos esperando su oportunidad y, con los incentivos adecuados, podría haber muchos más. Por eso, hemos pedido «soltar las riendas a la minería». Esperamos que el gobierno y los parlamentarios atiendan nuestra solicitud y podamos seguir aportando vigorosamente al desarrollo económico y social de nuestro país.»