Se dijo de la industria
Permisología: Propuesta incierta
- Preocupación y críticas opiniones han expresado diferentes actores del sector económico e industrial por la propuesta de reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) hecha por el Gobierno.
Efecto contrario
Los representantes de la industria expresan preocupación que la propuesta de reforma no reducirá los plazos de tramitación, sin no más bien por el contrario, el tiempo de tramitación aumentará debido a modificaciones específicas en la propuesta y las indicaciones durante su tramitación.
Desequilibrio entre inversión y protección ambiental
Las opiniones expresadas resaltan la importancia de equilibrar la protección ambiental con la facilitación de la inversión y el desarrollo económico, de manera de agilizar la ruta crítica de autorizaciones para proyectos de inversión.
Se espera que la reforma garantice plazos determinados y mecanismos estrictos para asegurar su cumplimiento, lo cual se considera esencial para evitar demoras excesivas en el proceso de evaluación ambiental.
Sin embargo, la intromisión de elementos controvertidos, como la participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental (DIA), dada la experiencia, generará retrasos adicionales e innecesarios en el proceso.
Señales ambiguas
Los gremios industriales señalan que el proyecto da señales ambiguas que acentúan la incertidumbre y no garantizan aspectos esenciales para incentivar la inversión, como son la reducción de los tiempos de tramitación ni de los costos costo monetarios ni la certeza jurídica.
Hay modificaciones que directamente pueden generar un aumento en el tiempo de tramitación de las autorizaciones y nuevas exigencias que no van en la dirección de mejorar la certeza jurídica ni los márgenes de discrecionalidad de los servicios que participan en la evaluación ambiental. Se requiere generar certezas en esta materia y el proyecto de ley del Ejecutivo no lo hace, dicen.
Consejo Minero afirma que la ley de delitos económicos y la reforma a la SMA generan inflación sancionatoria.
Durante su presentación a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputado, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, afirmó que el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), en combinación con la ley de delitos económicos y ambientales, genera un aumento excesivo de sanciones, tanto administrativas como penales, que equivalen a una «inflación sancionatoria»,
Incoherencia
El presidente del Consejo Minero dijo no estar contra las sanciones penales por delitos ambientales, y aclaró que lo que se busca es una articulación eficaz y coherente entre los diferentes sistemas de sanción.
Villarino señaló que la superposición de conductas sancionadas entre ambos sistemas y la falta de claridad en la calificación de las infracciones establece una discordancia entre el régimen sancionatorio administrativo y el penal, lo cual hace ineficaces las herramientas de incentivo al cumplimiento y diluye los beneficios que se busca introducir en favor de la protección ambiental.