MPD y Compliance

Índice de Integridad de Gobiernos Corporativos

• La segunda edición del Índice de Integridad de Gobiernos Corporativos, elaborado por la UAI y la Fundación Generación Empresarial -FGE-, señala que persiste una “madurez asimétrica” que prioriza el control financiero sobre la gestión socioambiental y el aprendizaje organizacional.

La indagación que evaluó a 114 empresas chilenas según estándares OCDE, mostró avances en prevención de conflictos de interés, lucha contra la corrupción y defensa de la libre competencia, especialmente en empresas abiertas y sectores regulados.

Ley de Delitos Económicos y Ambientales

Según el estudio, un 48% de los encuestados manifestó una percepción negativa sobre las regulaciones que han entrado en vigencia en los últimos años, como la Ley de Delitos Económicos y Ambientales y las obligaciones de reporte de la CMF, donde un 27% calificó las nuevas normas como una sobrerregulación que puede afectar los resultados de la empresa; y un 21% expreso su preocupación por el efecto de estas leyes sobre la capacidad de innovar al interior de las organizaciones.

Homologar estándares

El estudio muestra que un 52% de los entrevistados encuentra valor en las recientes normativa que buscan mejorar y homologar estándares en el avance hacia la sostenibilidad; sin embargo, advierte que los gobiernos corporativos requieren de un fortalecimiento de los sistemas de gobernanza “blandos” y reportar con mayor transparencia los impactos sociales y ambientales junto a los financieros.

Déficit

La investigación muestra que todavía se privilegian controles financieros por sobre aspectos socioambientales y de aprendizaje, que se comprueba en que el 95% reporta datos financieros, pero menos de la mitad informa resultados socioambientales.

El llamado, por tanto, es a un equilibrio donde la creación de valor integre resultados económicos con impacto social y medioambiental.

Radiografía de la conciencia empresarial

• “Radiografía de la conciencia empresarial”, estudio elaborado por el Centro de Políticas Públicas UC y el Observatorio de la Conciencia Empresarial, revela que las grandes empresas chilenas, especialmente de minería y servicios, declaran un nivel medio-alto de conciencia empresarial, con sólidos avances en medioambiente, diversidad, inclusión, capacitación y seguridad laboral.

El estudio evaluó el nivel de conciencia de 100 empresas chilenas sobre su impacto social y sostenibilidad analizando las dimensiones: Propósito, Solución de Problemas Sociales; Conciencia Medioambiental; Orientación a la Demanda; Adaptación Tecnológica; Vínculo con Comunidades; Relación con Colaboradores; y Modelo de Gestión.

En la medición, Minería y Servicios muestran mayor nivel de conciencia empresarial; en tanto que el sector agrícola, muestra el más bajo.

Buenas prácticas

Entre las buenas prácticas detectadas, el estudio señala

• Alta adopción de acciones medioambientales y de sustentabilidad, en términos de gestión de residuos, certificaciones y manejo sostenible de recursos.
• Avances en la relación con colaboradores, donde el 91% implementa medidas de seguridad laboral; 94% invierte en capacitación; 92% tiene políticas de diversidad e inclusión; y 87% reporta medidas contra el acoso laboral.

Brechas

Aunque el compromiso con la sostenibilidad es cada vez más visible, el reto está en integrar de forma más estratégica y medible los esfuerzos que se realizan dentro del modelo de gestión y en la propuesta de valor hacia la sociedad.

Proponen fórmula para resolver los nudos de la Ley Karin

• El Consejo Consultivo Ley Karin, instancia que reunió a 16 representantes del mundo público, empresarial, sindical, académico y legal para dar seguimiento a la norma, presentó un informe con propuestas para optimizar la implementación de la ley tras su primer año de funcionamiento,

El Consejo Consultivo Ley Karin, impulsado por la ACHS y la FCVE, entre las medidas clave que propone destacan

• El establecimiento de un control de admisibilidad para denuncias;
• Sancionar denuncias sin fundamento, acusaciones falsas, o hechas con intención de perjudicar;
• Asegurar protección para denunciantes legítimos.
• La priorización de casos urgentes dando prioridad a casos con impacto grave en salud mental o de índole sexual;
• La delegación de mayor responsabilidad a las organizaciones para gestionar internamente los reclamos;
• Fortalecer la capacitación en sectores expuestos a violencia externa, con enfoque en prevención y técnicas de manejo de conflictos; y
• Consolidar una cultura laboral basada en el respeto, el buen trato y la protección efectiva de todos los trabajadores.
• Que las empresas asuman más protagonismo en la tramitación interna de denuncias, reduciendo la dependencia de la DT.
• Implementar protocolos y entrenamientos en sectores con alto riesgo de violencia externa, incluyendo técnicas de desescalada y manejo de conflictos.