Medioambiente

Red de Salares Protegidos

  • Nuevo factor de tensión entre las  políticas de conservación ambiental y el desarrollo económico y social de la actividad productiva minera del país se abre con la decisión del Gobierno de ampliar aceleradamente las áreas protegidas ligadas a los salares.

Los ecosistemas salinos son un recurso clave para el avance del país hacia la transición energética, por lo que distintos sectores del país han puesto una señal de alerta sobre legalidad de la decisión y la seriedad técnica del procedimiento utilizado para determinar las zonas, sin considerar el impacto económico y los riesgos para la inversión y el desarrollo regional.

Salares y lagunas altoandinas

La aprobación de la Red de Salares Protegidos por parte del Consejo de Ministros busca aumentar la superficie protegida de salares y lagunas altoandinas desde el 8% actual a un  32%, como parte de la Estrategia Nacional del Litio.

SONAMI

Jorge Riesco, presidente de SONAMI

La repentina medida del Gobierno saliente despertó la reacción inmediata del sector minero representado por la  SONAMI quienes manifestaron su inquietud frente a la súbita iniciativa calificada como un atajo regulatorio” con el que se intenta por decreto evitar controles institucionales.

En su declaración, el gremio advierte que la Estrategia Nacional del Litio no posee una regulación legal explícita que lo califique legalmente para autorizar este tipo de medidas; que la protección de los salares como áreas protegidas debiera realizarse vía Ley SBAP; que aún no existe el procedimiento legal para declarar protegidos los salares; y que este tipo de decisiones que comprometen el futuro del país no pueden tomarse mediante decretos administrativos.

La SONAMI llaman al Gobierno a actuar con prudencia y dentro de la legalidad para evitar un enorme daño para Chile y para las comunidades relacionadas con los proyectos mineros afectados.

Tramitación pendiente

La propuesta debe pasar por Ministerio Secretaría General de la Presidencia  y la toma de razón de Contraloría General de la República, antes de su eventual entrada en vigencia.

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