Mediana y Pequeña Minería
Oficialmente constituido el Consejo Minero de la Mediana y Pequeña Minería de Chile A.G.
- El nuevo Consejo Minero surge para enfrentar las graves políticas públicas que están dañando la producción, en especial como reacción al impacto regulatorio del SBAP y la Estrategia Nacional de Biodiversidad.
Los fundadores de esta nueva asociación gremial sostienen que la actual agenda legislativa, particularmente la asociada a la Estrategia Nacional de Biodiversidad, crea barreras legales y administrativas que obstaculizan la inversión; encarecen las operaciones, limitan la productividad y llevan al cierre de faenas, con un impacto directo en el empleo y en el desarrollo regional.
Directiva Provisional
La directiva del Consejo quedó provisionalmente formada por Patricio Gatica, de la Asociación Minera de Illapel, como Presidente; Patricia Beyza, de la Asociación Minera de San Felipe, como Vicepresidenta y vocera; y los Directores Jorge Pavletic, de Taltal Fernando Gattas, de Maule, y Alexis Valenzuela, de Rancagua.
Fractura
La nueva agrupación gremial minera conformada por 250 empresas de la pequeña y mediana minería representa una fractura en la unidad interna de la Sonami al dividir la representación entre grandes compañías y mineros medianos y pequeños.
Se genera con la iniciativa un foco de tensión en la gobernanza gremial minera chilena en torno a la forma de enfrentar la aplicación de normas que se consideran desproporcionadas e inviables para la pequeña y mediana minería y que han sido diseñadas sin considerar las realidades regionales ni la escala operativa del sector.
La vocera de la nueva Asociación Gremial, Patricia Beiza, denunció una falta de liderazgo y defensa por parte de la directiva de la Sonami señalando que los pequeños mineros están siendo «aplastados por más regulaciones”.
Posición de la SONAMI
Jorge Riesco, presidente de la SONAMI, reconoció que la preocupación es compartida y que el riesgo es real, puesto que de 273 instalaciones mineras que están dentro de los sitios prioritarios propuestos, más de 200 concesiones mineras se verá directamente afectadas en la macrozona norte.
Sin embargo, insistió en que se debe mantener un camino institucional y entablar un diálogo técnico, en vez acudir a la vía de la protesta.
Asociaciones de la mediana y pequeña minería protestan contra políticas públicas deficientes
Las asociaciones de la pequeña y mediana minería del país se declararon en movilización nacional en protesta por lo que califican como deficientes políticas públicas aplicadas por el Ejecutivo, las cuales —según denuncian— han provocado un deterioro profundo en la producción, el empleo y la competitividad del sector.
Este escenario plantea una necesidad urgente de coordinación público-privada que combine sostenibilidad ambiental con viabilidad económica, para recuperar la productividad y estabilidad social de la minería chilena, especialmente en su segmento pequeño y mediano, históricamente estratégico para el desarrollo regional.
El movimiento busca forzar un diálogo institucional entre el Gobierno, el Congreso y los representantes mineros, con miras a revertir el debilitamiento de una de las principales actividades productivas de Chile.
Crisis productiva y laboral en la minería nacional
- En la última década, la producción de cobre fino cayó de 90 mil a 45 mil toneladas, una disminución del 50%.
- El empleo minero bajó 32%, mientras que el número de faenas activas se redujo de 1.800 a 720.
- El Índice de Producción Minera (INE) registró una caída de 6,3%, la mayor desde febrero de 2025, afectando especialmente la minería metálica (-6,0%).
Exceso de carga regulatoria
- Este retroceso se asocia a exceso de burocracia, lentitud regulatoria y a falta de un apoyo estatal efectivo.
- Según la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, la carga regulatoria sobre la minería aumentó 246% en la última década, el mayor incremento entre los sectores productivos.
- Este exceso normativo ha encarecido y ralentizado los procesos de inversión, afectando la continuidad operacionaly la viabilidad de proyectos medianos y pequeños.
Gestión ambiental incierta y poco transparente
- Las asociaciones critican la aplicación de la Ley N° 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
- Denuncian que los 99 sitios prioritarios publicados por la autoridad carecen de fundamentos técnicos y legales claros y que el plazo de consulta pública de 30 días es insuficiente y poco transparente.
- Consideran que las decisiones ambientales deben aplicarse “con transparencia, objetividad y criterios técnicos reales, no políticos ”, equilibrando la protección ambiental con el desarrollo productivo.
Propuestas
- Establecer una mesa de diálogo nacional con participación del Gobierno, el Congreso y los gremios mineros, para revisar el marco regulatorio y proponer soluciones inmediatas basadas en un nuevo pacto regulatorio y productivo que combine seguridad jurídica, agilidad administrativa y sostenibilidad real.
- Revisar los procesos de evaluación ambiental y permisos sectoriales, simplificando trámites y asegurando criterios técnicos proporcionales a la escala de la operación.
La movilización refleja una fractura creciente entre el sector minero y el Ejecutivo, similar a otros conflictos recientes entre gremios productivos y el Estado motivado por la excesiva burocracia regulatoria, la falta de criterios técnicos en decisiones ambientales, y el negativo impacto directo que la gestión estatal está teniendo en la producción y empleo del sector.
SBAP
La entrada en funcionamiento del SBAP centraliza la gestión de la biodiversidad y la administración de áreas protegidas, y viene complementada con la creación de “sitios prioritarios”, definidos como zonas con alto valor ecológico o hábitats de especies amenazadas, susceptibles de transformarse en áreas protegidas.
El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) aclara que estos sitios “no restringen ” mientras cumplan la normativa ambiental, pero el temor del sector minero radica en que podrían derivar en limitaciones futuras.