Se dijo de la Industria
Reconocer a la Pequeña Minería como actividad productiva legítima y con un rol estratégico en el desarrollo nacional
- En columna de opinión de medio digital especializado en minería, el Abogado y Pequeño Minero, Gastón Fernández Montero, plantea la necesidad de salir del enfoque asistencial actualmente operante en la pequeña minería y avanzar hacia un modelo de gestión basado en derechos, con reglas claras y criterios estructurales que diferencien pequeña y mediana minería, más allá del tonelaje.
El autor expone que la pequeña minería en Chile opera bajo una definición precaria y jurídicamente débil, cuyo límite de 5.000 toneladas mensuales a penas la clasifica para acceder a beneficios de Enami.
El modelo actual carece de un fundamento legal explícito y funciona más como una práctica administrativa discrecional que genera desincentivos e incertidumbre.
Política Nacional de Fomento 2025–2034
En el contexto de la discusión sobre elevar el límite a 15.000 toneladas dentro de la Política Nacional de Fomento 2025–2034, advierte que el debate no debe centrarse exclusivamente en el volumen de producción, sino en la necesidad de construir un nuevo estatuto jurídico que reconozca a la pequeña minería como una actividad legítima y productiva con claro rol estratégico en el desarrollo territorial.
Necesidad de un nuevo estatuto jurídico
Superar el criterio exclusivamente cuantitativo en torno a tonelajes y redefinir la pequeña minería bajo criterios más amplios que incluyan propiedad, destino de utilidades, arraigo territorial e integración comunitaria.
Rol estrategico
En términos estratégicos, la discusión abre un frente relevante para la política minera, que es dotar a la pequeña minería de un marco normativo moderno, coherente y con certeza jurídica, para que se desarrolle sin incertidumbres en un escenario moderno donde la competitividad, la inclusión productiva y el desarrollo territorial son ejes centrales del debate sectorial.
Revisión del rol de Enami
No solo como poder comprador, sino como socio estratégico del desarrollo local, asumiendo el cambio desde la lógica asistencial actual hacia una lógica de derechos y reconocimiento estructural.
.