Medioambiente y permisología
Propuesta del nuevo Gobierno sobre judicialización de permisos ambientales
- Según lo publicado en un medio de comunicación nacional, una de las propuestas del futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es que, una vez aprobados los permisos ambientales, sea el propio Estado quien defienda judicialmente la legalidad de sus decisiones e incluso asuma eventuales compensaciones si dichas autorizaciones son anuladas.
La idea inspirada en modelos extranjeros, es redefinir la distribución de riesgos entre el Estado y los privados para reducir la incertidumbre regulatoria, acelerar la inversión y fortalecer la seguridad jurídica, factores considerados críticos para reactivar el crecimiento económico.
Para este fin, propone una reforma estructural al sistema de evaluación ambiental consistente en que una vez otorgada la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y el proyecto quede habilitado para iniciar su inversión, las eventuales reclamaciones judiciales sean asumidas por el Estado y no solo por el privado.
Confianza legítima
De este modo, sería el sector público el que defienda la legalidad de los permisos que él mismo otorga, participando directamente en los litigios posteriores a la aprobación ambiental.
El diseño apunta a reforzar el principio de confianza legítima trasladando al Estado el costo de errores administrativos, lo que modificaría sustantivamente el equilibrio actual entre sector público, privados y tribunales.
Responsabilidad patrimonial del Estado
Expertos advierten que el cambio no es solo procesal, sino institucional que implicaría que el Estado responda económicamente si una autorización ambiental, otorgada de buena fe, es posteriormente anulada por tribunales.
Los expertos advierten que se trata de una “cirugía mayor” a la institucionalidad vigente, ya que obliga a discutir la capacidad fiscal y administrativa del Estado para asumir responsabilidades patrimoniales, redefiniendo profundamente el funcionamiento del Sistema de Evaluación Ambiental y el balance entre desarrollo económico, regulación y control judicial.