Permisología
CPC: Permisología como prioridad empresarial
- La CPC presentó al equipo económico del presidente electo una propuesta consolidada para agilizar la permisología, orientada a reducir tiempos, discrecionalidad y cargas administrativas sin generar vacíos regulatorios.

En este contexto, la agenda de permisología emerge como la principal demanda del empresariado al nuevo gobierno, con una propuesta que enfatiza la eliminación de duplicidades interinstitucionales, especialmente en permisos de localización y revisiones cruzadas
La CPC propone una aplicación más ambiciosa de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, cuyo eje central combina la sustitución del acotado 4% de permisos redundantes decidida por el Gobierno y aplicar una transformación significativa de los permisos a un 45% del uso de THA (Técnica Habilitante Alternativa), privilegiando reglas claras, objetivas y automatizadas.
La expansión del uso de THA para permisos de bajo riesgo, reemplazando evaluaciones ex ante por cumplimiento verificable ex post, permitiría acelerar proyectos, reducir discrecionalidad y enfocar la fiscalización estatal en riesgos relevantes.
Menos y mejor regulación
En conjunto, la propuesta busca menos y mejor regulación, acelerando la inversión y la puesta en marcha de proyectos, manteniendo estándares ambientales, sanitarios y de seguridad.
Alcance de la simplificación
La CPC propone que solo el 51% de los permisos sectoriales mantenga su esquema actual; el 49% restante debería simplificarse o eliminarse por ineficiencia.
Uso ampliado de THA
Ampliar el uso de la declaración jurada o aviso, (Técnicas Habilitantes Alternativas – THA), para permisos de bajo riesgo, con fiscalización posterior y sanciones por incumplimiento.
El actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo identificó 88 permisos susceptibles de THA y 4 eliminables; la CPC eleva la propuesta a 170 permisos simplificables y 12 eliminables.
Enfoque por tipo de permiso
Mayor potencial de eliminación en permisos de localización y en trámites duplicados entre servicios, mencionando entre los más involucrados: las Direcciones de Obras Municipales; el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin); el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG); la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel); y las revisiones de salud ambiental del Ministerio de Salud.
SEA presenta al sector minero Plan de Modernización Tecnológica del SEIA
- Una presentación al sector minero del Plan de Modernización Tecnológica del SEIA realizo la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán.

De acuerdo a lo señalado por la ejecutiva, la iniciativa busca preparar el sistema de evaluación ambiental chileno para los próximos 15 años, mediante la aplicación de una digitalización avanzada, automatización de procesos e inteligencia artificial, reforzando con ello la protección ambiental y la eficiencia del proceso.
Incorporación de IA
La incorporación de IA en el proceso es valorada como un mecanismo para objetivar la evaluación, manejar grandes volúmenes de información y reducir incertidumbres, lo que resulta fundamental para el desarrollo de nuevos proyectos y la modificaciones de faenas existentes.
Para el sector minero, la materialización de este plan de modernización del SEIA, al afianzar una evaluación más clara, predecible y técnicamente robusta, tendría una importancia estratégica para la inversión y continuidad operacional, especialmente para faenas de vida útil corta o en modificación.
La presentación se realizó en dependencia de la Sociedad Nacional de Minería.
Futuro gobierno pedirá el cargo en servicios involucrados en “permisología”

- Entre los cargos prioritarios figuran la Superintendencia del Medio Ambiente, actualmente encabezada por Marie Claude Plumer, y el Servicio de Evaluación Ambiental, dirigido por Valentina Durán.
La estrategia apunta a reorientar organismos clave que inciden en la tramitación de permisos e inversiones, alineándolos con una visión más pro-crecimiento y menos restrictiva en materia regulatoria, en línea con el diagnóstico expresado por el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
En contraste con otros cargos que permanecen en evaluación la intención refleja que la utilización de la facultad excepcional presidencial contemplada en la Ley 19.882 será selectiva y estratégica concentrándose en áreas donde el gobierno entrante considera que existen cuellos de botella regulatorios con impacto directo en inversión, crecimiento y gestión pública.
Según la Ley 19.882, hay 12 cargos de primer nivel jerárquico que pueden ser removidos y reemplazados directamente por el Presidente durante los primeros tres meses, sin concurso de Alta Dirección Pública (ADP), cuyo foco estaría en la “permisología” y excesiva regulación en ámbitos ambientales y sectoriales estratégicos.










