Permisología

Permisos sectoriales: principal generador de sobrecostos y demoras

• Chile enfrenta un cuello de botella regulatorio estructural que encarece y ralentiza la inversión productiva, en el que la etapa posambiental es el principal generador de sobrecostos y demoras, representando más del 80% del problema.

El análisis realizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la Corporación Andina de Fomento y la Sofofa revela que la burocracia en la tramitación de permisos sectoriales, conocida como “permisología”, generó en 2024 sobrecostos equivalentes a US$ 7.743 millones, de los cuales US$ 6.700 millones provinieron solo de la etapa posambiental.

Esto representa entre 2,5% y 3,3% del PIB nacional y un aumento de 67,4% en el costo total de la inversión originalmente planificada como consecuencia de que los proyectos enfrentan tiempos de espera promedio que superan 1.500 días solo en la fase sectorial, además de otros 1.500 días en evaluación ambiental, lo que duplica el tiempo total de materialización y reduce significativamente la rentabilidad.

Causas estructurales

Del análisis se desprenden como causas estructurales del daño:

• La fragmentación institucional que ha definido múltiples organismos con competencia ambiental y sectorial, sin coordinación.
• La ausencia de plazos legales claros en la tramitación sectorial.
• La baja trazabilidad y falta de transparencia en tiempos y criterios técnicos.
• La creciente judicialización de proyectos que agrava los retrasos.

Impacto económico

• Pérdida de rentabilidad y productividad como consecuencia de que los recursos permanecen “congelados” durante años sin generar retorno.
• Costos de oportunidad: dado que cada día adicional de tramitación representa capital inmovilizado y menor flujo de caja.
• Reducción de incentivos a invertir:en razón del largo ciclo de aprobación que desalienta la inversión privada, especialmente en infraestructura y energía.

Abogados denuncian falta de criterio técnico y de procedimientos claros en la normativa del SBAP

• Acusan que la definición de sitios sin reglamento previo genera incertidumbre regulatoria y jurídica y que la ausencia de reglamentos operativos y criterios técnicos uniformes mantiene la incertidumbre sobre el futuro de las operaciones actuales y de las inversiones futuras.

Amplio consenso en que la multiplicidad de organismos con competencias ambientales entorpece la tramitación y que su implementación  proceso refleja una tensión entre conservación ambiental y desarrollo productivo, donde el riesgo no radica en las áreas protegidas formales, sino en el efecto expansivo de instrumentos ambientales “periféricos”, como los sitios prioritarios, que podrían generar una restricción indirecta del desarrollo económico.

Argumentan que el Estado está tomando decisiones operativas sin un marco reglamentario previo definido, emitiendo decretos ejecutivos sin base jurídica clara que pueden tener efectos irreversibles.

Advierten que en el problema confluyen, tanto el hecho que la delimitación actual carece de criterios técnicos y de procedimiento, como de la superposición de instrumentos de protección que genera incertidumbre e interfiere con la inversión privada.