Permisología
Nuevo gremio minero lidera alianza de sectores productivos contra el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
- El conflicto se enmarca en una disputa estructural entre la protección ambiental y la seguridad jurídica de las inversiones, donde el eje de tensión es la magnitud de las atribuciones del nuevo servicio y el alcance real de la ley sobre proyectos ya aprobados o en ejecución.
La iniciativa del Ministerio del Medioambiente enfrenta la ambigüedad legal de la Ley SBAP y la ausencia de reglamentos que han abierto un vacío jurídico que alimenta la desconfianza de los sectores productivos, donde los gremios advierten una “expropiación regulatoria” con riesgo de judicialización masiva.
Nueva agrupación gremial
La Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y Dueños de Concesiones Mineras A.G., gremio de reciente creación derivado de la Sonami, anunció que evalúa acciones judiciales para detener o congelar la aplicación de la ley, argumentando que genera una amenaza existencial para la pequeña y mediana minería, además de otros sectores como el forestal, salmonero y de la construcción.
El gremio considera que el SBAP ha sido dotado de atribuciones excesivas que se superponen y reemplazan funciones de otros servicios técnicos, como del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), lo que puede afectar, incluso, proyectos con Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) vigentes.
Otro punto de controversia surge del proceso de consulta ciudadana a realizarse en forma apresurada y sin diálogo suficiente con las comunidades ni con los sectores productivos.
El abogado Juan Carlos Urquidi Fell, especialista en derecho ambiental y regulatorio, contratado por en nuevo gremio para diseñar una estrategia jurídica que permita “congelar” la aplicación de la norma, cita el artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 y argumenta que los planes de conservación del SBAP le otorgan una “supremacía institucional” sobre otros organismos que podrían invalidar o restringir permisos ya otorgados.
El gremio califican la norma como una “dictadura verde” redactada por tecnócratas, sin considerar la viabilidad económica ni la coordinación institucional.
Apoyo de otros sectores productivos
Gremios forestales como Pymemad y Aprobosque también expresan preocupación por la falta de diálogo y transparencia en la evaluación de impactos sobre economías regionales.
Señalan que no se oponen a la conservación, sino a la forma en que se ha implementado el proceso y las consecuencias que podría tener sobre miles de empleos y comunidades.
Contexto del debate
La controversia refleja la polarización creciente que se está gestando entre desarrollo productivo y conservación ambiental, lo que anticipa una discusión que escalará tanto en tribunales, como en el debate público y político nacional.
Ministra Rojas delega el diálogo en director del SBAP
- El Ministerio del Medio Ambiente derivó hacia el director del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Aarón Cavieres, la iniciación de un proceso de diálogo con gremios productivos y organizaciones de la sociedad civil.
El objetivo sería construir consensos sobre la implementación de los “sitios prioritarios” establecidos en la Ley 21.600 con el fin de otorgar certeza jurídica y apoyar la formulación de políticas públicas relacionadas con la conservación de la biodiversidad.
Antecedentes
Organizaciones como la SONAMI, han reconocido instancias previas de diálogo con Autoridades del sector minero en las que han sido expuestas las inquietudes y dudas sobre la aplicación de la Ley 21.600 y su normativa asociada, sin obtener respuestas que apunten a resolver los problemas reales y prácticos que generará si la normativa no asegura una gestión equilibrada y transparente de la biodiversidad.
Permisología, burocracia y falta de agilidad institucional
- Estudio “Proyección 2026” del Instituto de Directores de Chile (IdDC) revela una creciente frustración empresarial ante la falta de agilidad institucional y los obstáculos que genera para el crecimiento económico del país.
El estudio reafirma que permisología y burocracia excesiva; inseguridad y crimen organizado; e incertidumbre regulatoria y jurídica. son hoy los mayores frenos al crecimiento económico chileno.
Estos tres factores concentran casi el 50% de las preocupaciones de los directorios siendo la acumulación de trámites, autorizaciones y retrasos institucionales el principal cuello de botella para la inversión y la reactivación de proyectos estratégicos.
El estudio identifica como prioridades estratégicas para el crecimiento, en los próximos dos años, impulsar la innovación y la productividad.
Gobernanza y profesionalización de los directorios
Los resultados de la indagación señalan que para la mitad de los entrevistados la profesionalización de los directorios es el cambio más urgente dentro de las empresas, modernizando las estructuras de gobierno corporativo, con reglas claras de roles y responsabilidades; separando propiedad y gestión, especialmente en empresas familiares; a implementando planes de sucesión y accountability real hacia los equipos ejecutivos.
En este sentido, el 67% de los directorios se declara preparado para impulsar el crecimiento, aunque solo el 46,6% reconoce haber implementado acciones concretas, lo que muestra que las intenciones estratégicas no se traducen en decisiones efectivas.
| Obstáculo | Menciones |
| Permisología y burocracia excesiva | 18,7% |
| Seguridad y crimen organizado | 18,0% |
| Incertidumbre regulatoria y jurídica | 12,5% |
| Gobernabilidad y confianza institucional | 10,9% |
| Nivel de inversión pública y privada | 9,9% |
| Innovación, ciencia y tecnologia | 6,0% |
| Formación laboral | 5,8% |
| Inmigración y cohesión social | 4,9% |
| Inflación y costo de la vida | 3,9% |
| Desempleo | 3,3% |
| Sostenibilidad | 2,8% |
| Brechas en infraestructura | 2,6% |
| Rebaja de impuestos | 0,4% |
| Otro | 0,3% |
Ministerio del Deporte evaluará protección legal a olas utilizadas para la práctica del surf
- La nueva ley de protección de rompientes incorpora al Ministerio del Deporte en el sistema de autorizaciones de obras en el borde costero, estableciendo que toda iniciativa que pueda alterar el oleaje deberá contar con su opinión técnica vinculante.
Expertos advierten que el concepto de “afectación” es excesivamente amplio, lo que podría traducirse en restricciones o paralización de proyectos costeros y algunos legisladores ven en la norma un riesgo de “nueva permisología”, comparable a la Ley Lafkenche, al sumar más capas de evaluación estatal sin claridad sobre su aplicación práctica.
El Ministerio del Deporte, aún en fase de coordinación interna, deberá definir cómo ejercerá su nueva competencia.
Sector privado y parlamentarios piden criterios técnicos claros y coordinación interministerial para evitar que una medida de conservación deportiva termine entorpeciendo el desarrollo urbano, turístico y pesquero del borde costero.