Permisología

Carga regulatoria ambiental

• La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) reveló que las obligaciones ambientales de proyectos mineros y energéticos en Chile aumentaron 176% en la última década, pasando de 90 en 2015 a 250 en 2024.

Este crecimiento fue transversal a sectores y tamaños de proyectos, con un impacto proporcionalmente mayor en iniciativas pequeñas, que hoy enfrentan la misma carga que proyectos grandes hace diez años.

El estudio, pionero en cuantificar sistemáticamente la carga regulatoria ambiental, utilizó inteligencia artificial generativa para procesar 1.336 Resoluciones de Calificación Ambiental, extrayendo más de 220 mil obligaciones y construyendo una base de datos abierta.

Ausencia de normas claras

Entre sus hallazgos, destaca que un 40% de las obligaciones no se asocia a normas claras, sino a condiciones caso a caso o compromisos voluntarios, lo que aumenta costos, reduce la comparabilidad y complejiza el cumplimiento.

El informe concluye que el aumento no se explica únicamente por nuevas leyes, sino por la expansión y diversificación de criterios regulatorios, fenómeno que puede alejar la aplicación práctica de la regulación de sus objetivos originales.

La evidencia busca orientar políticas públicas hacia una mejor calidad regulatoria, que compatibilice sostenibilidad ambiental con inversión y productividad.

Ejemplos sectoriales

• Minería: de 50 a 173 (+246%).
• Generación eléctrica: de 104 a 268 (+158%).
• Transmisión eléctrica: de 92 a 237 (+158%).

Impacto en proyectos de distinto tamaño: 

• Proyectos de hasta US$10 millones: de 62 a 200 obligaciones (+223%).
• Proyectos sobre US$100 millones: de 138 a 301 (+118%).

Origen de las obligaciones

• 60% proviene de normas legales o reglamentarias específicas.
• 40% no remite a normativa clara, sino a condiciones caso a caso o compromisos voluntarios lo que genera diversidad, mayores costos y menor comparabilidad.

Hallazgos adicionales

• Los ministerios de Salud y Medio Ambiente concentran 60% de las obligaciones con fuente clara.
• Predominio de obligaciones asociadas a residuos, sustancias peligrosas y emisiones.
• La carga regulatoria ha crecido no tanto por nuevas normas, sino por criterios variables y compromisos voluntarios que se acumulan en las RCA.

Puesta en marcha de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales

• Fue publicada en el Diario Oficial la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales que apunta a simplificar y acelerar los permisos de inversión en Chile, aunque su impacto real dependerá de un proceso gradual de implementación durante 2025–2026.

La nueva normativa introduce la tramitación paralela de permisos; el uso de declaraciones juradas para trámites de bajo riesgo; la creación de una Oficina de Autorizaciones Sectoriales; y mecanismos de control ciudadano como un fono denuncia anónima aplica el silencio administrativo positivo(permiso otorgado automáticamente por no respuesta) y aplicación del silencio administrativo positivo consistente en un permiso otorgado automáticamente si la solicitud no obtiene respuesta dentro del plazo legal.

Implementación gradual

Algunos aspectos de la Ley ya están en operación, sin embargo, su cabal aplicación se espera hacia fines de 2026 fecha cuyo cumplimiento requiere de un cambio estructural que dependerá de tres procesos centrales:

• La clasificación de los 400 permisos sectoriales que deben clasificarse en seis tipologías.
• La puesta en marcha de las Técnicas Habilitantes Alternativas (THA) que sustituyen ciertos permisos de bajo riesgo con declaraciones juradas;
• La creación de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, dependiente del Ministerio de Economía, cuya Dirección será designada por el Presidente vía ADP.
• La entrada en funcionamiento del Sistema Unificado de Permisos o ventanilla única digital para trámites no ambientales.

Comparativo del Sistema de Permisos en Chile

Aspecto	Antes de la Ley	Con la nueva Ley
Tiempo de tramitación	Largos plazos, con trámites que podían tardar meses o incluso años.	Reducción estimada entre 30% y 70% en tiempos de tramitación.
Secuencia de permisos	Trámites consecutivos: un servicio exigía tener la autorización previa de otro para iniciar el suyo.	Tramitación paralela: se eliminan requisitos de autorizaciones previas, salvo que la ley lo indique expresamente.
Proyectos estratégicos	Misma demora que otros proyectos, sin distinción.	Reducción a la mitad del tiempo de tramitación para proyectos estratégicos.
Trámites de bajo riesgo	Requerían autorizaciones sectoriales completas aunque fueran simples.	Se reemplazan por declaraciones juradas (Técnicas Habilitantes Alternativas), con fiscalización ex post.
Pymes y pequeños proyectos	Debían cumplir con varios trámites sectoriales engorrosos.	Pueden optar por procedimientos simplificados y declaraciones juradas, reduciendo costos y tiempos.
Supervisión y coordinación	Fragmentada, sin organismo central de coordinación.	Creación de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales (Subsecretaría de Economía) para coordinar, monitorear y asesorar.
Control ciudadano	No existían mecanismos claros de denuncia frente a retrasos injustificados.	Se implementa un fono denuncia anónima (operativo desde enero).
Ejemplos prácticos	– Un jardín infantil debía hacer 5 trámites consecutivos (meses de espera). – Una ferretería requería informe sanitario costoso.	– El jardín infantil podrá tramitar en paralelo, reduciendo el plazo a 1/5 del original. – La ferretería ya no necesita el informe sanitario.