40 iniciativas medioambientales avanzan en el Congreso y ponen en alerta al sector privado

En su mayoría son mociones parlamentarias que, en varios casos, tratan una misma materia:

Esta "efervescencia regulatoria" respondería en parte al clima de la COP25, dicen en la industria, y creen que, por estar dedicado a la organización de este evento, el Ejecutivo no estaría haciéndose cargo seriamente de las "emisiones" de un Congreso que parece haber encontrado en estos temas un espacio de validación ante una ciudadanía que, según la ministra del Medio Ambiente, hoy tiene la necesidad de contar con mejores normativas.

El 10 de junio, la Cámara de Diputados aprobó con 143 votos una resolución a través de la cual le solicitan al Presidente de la República que prohíba a todos los servicios públicos la compra de agua y gaseosas embotelladas en envases de plástico desechable, así como insumos de este material que tienen un solo uso, como vasos, bombillas y cubiertos. Para dar el ejemplo, la instancia parlamentaria aplicó la medida en forma inmediata.

Iniciativas como esta dan cuenta del momento que se vive en el Congreso. Los temas ambientales parecen haberse tomado la agenda, lo que se refleja también en los números: hoy existen 40 iniciativas, entre proyectos de ley enviados por el Ejecutivo y mociones parlamentarias, con distintos grados de avance y el denominador común de la protección de recursos naturales, planteando en varios casos restricciones al desarrollo de actividades productivas, como la minería, la generación eléctrica, la salmonicultura o la construcción, entre otras.

Las iniciativas son tan diversas como delitos ambientales; mociones que establecen la obligación de tramitar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) cualquier proyecto que implique contaminación lumínica; la protección de los glaciares y la regulación de su manejo y afectación; el mecanismo para la declaración de humedales urbanos y su protección -que se tramita en paralelo a una moción que protege y regula las actividades en humedales en zonas rurales-; restricciones para los denominados olores ofensivos; la obligación de tramitar vía EIA independiente el transporte de minerales -respecto de proyecto principal-; que todas las faenas mineras de Santiago al norte deben abastecerse únicamente con agua de mar desali¬nizada, y varias mociones que plantean restricciones para la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas. Además, hay una moción que modifica la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente para ampliar el plazo para pedir participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Ahora se añadió el nuevo texto que reforma el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Hay consenso en torno a que esta alta productividad regulatoria, como la denomina el presidente de la comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Félix González, responde en parte a la realización en el país de la COP25 -la cumbre global que busca establecer compromisos para enfrentar las conse¬cuencias del cambio climático-, que puso el foco sobre las materias ambientales. A esto se suma una ciudadanía más consciente de estos temas a raíz de hechos recientes, como los episodios de emisiones en la zona de Quintero-Puchuncaví; casos como los incendios forestales o fenómenos como los tornados en el Biobío o los aludes en el norte, que se vinculan a efectos del cambio climático.

"La gente está mucho más consciente, las nuevas generaciones ven que estas son cuestiones de supervivencia", asegura González, parlamentario del Movimiento Ecologista Verde, que es parte del Frente Amplio. Y agrega que aunque no se conviertan en ley, estas mociones fijan una posición.

El presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras, Claudia Seebach, cree que si bien el ambiente en torno a la COP25 está impulsando esta mayor cantidad de iniciativas en torno a lo medioambiental, este período puede servir como una oportunidad para hacer "pedagogía climática", que ayude a entender cuál es la urgencia climática, las razones que la provocan, cuál es el grado de vulnerabilidad del país y cómo puede contribuir al liderazgo mundial en materia ambiental.

"Está lleno de mociones parlamentarias. Esto es complejo porque siempre los parlamentarios han enviado señales políticas a través de las mociones que presentan y siempre ha habido parlamentarios más verdes que otros. Pero ahora hay una efervescencia, porque todo el mundo está viendo que hay un rédito político al ser verde, y este sentimiento de conectar con la opinión pública está instalado en todos los sectores po¬líticos", asegura la abogada Paulina Riquelme, socia del estudio Eelaw, que asesora en materias ambienta¬les a la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y a la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, coincide con esta apreciación, pues, a su juicio, promover este tipo de iniciativas tiene un rédito para los parlamentarios, lo que se explica porque la demanda ciudadana en torno a estos temas ahora es mayor que hace una década. "Esto no es solo por la COP25, tiene que ver también con una necesidad de contar con mejores normativas. Todos tienen que entender que la mejor forma de generar certidumbre para todos los actores es generar buenas normas, que sean conocidas con anticipación, y el país está avanzando en ese sentido", plantea.

Sector privado en alerta por las consecuencias de estas regulaciones sobre las inversiones el desarrollo

Aunque hay consenso en torno a que las materias ambientales deben ser reguladas y que es importante adecuar la normativa al contexto actual, el sector privado está en alerta por este ambiente regulatorio. Algunos hablan de intranquilidad y otros derechamente de preocupación por las consecuencias de estas ini¬ciativas tendrían sobre las inversiones y el desarrollo.

"Hay una efervescencia de proyectos ambientales y lo único que esperamos es que haya una buena discusión y que se escuche a todos los actores posibles para tomar decisiones respecto de estos proyectos", asegura el gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Javier Hurtado.

"Hay una cierta inquietud por conocer cuál va a ser el contenido de estas nuevas regulaciones ambientales y cómo ellas pudieran impactar los negocios. Esa preocupación es legítima. Cualquier proceso de nueva regulación genera incertidumbre en todos los actores. Eso les pasa a las empresas, a la gente del mundo ambiental, ONGs, académicos. Es lo normal para un período de transición como este", dice Cristián Franz, exsuperintendente del Medio Ambiente.

En privado, tanto en la CPC como en la Sofofa admiten preocupación.

Tanta, que en los últimos días representantes de ambos gremios se reunieron con autoridades del Ministerio del Medio Ambiente y les plantearon estas aprensiones. El viernes 14 de junio y el martes 18 fue el turno de la CPC, mientras que el lunes 17 representantes de la Sofofa acudieron a la sede del ministerio en una cita solicitada a través de la plata¬forma del lobby.

Una situación que preocupa a los privados es la táctica legislativa de ingresar varias mociones que, con matices, apuntan a un mismo tema, con la intención de aprovechar instancias de negociación con el Ejecutivo en las que estas mociones se refunden. "Hay iniciativas que tienen distintos orígenes y abordan un mismo tema de maneras distintas y por estar duplicadas o triplicadas después son refundidas y el resulta¬do de eso puede ser bastante complejo", plantea el presidente de la Sonami, Diego Hernández.
El extitular de Antofagasta Minerals menciona el proyecto de glaciares, iniciativa que, de convertirse en ley, dice, amenaza la continuidad de la minería. El 4 de junio, esta iniciativa fue aprobada en ge¬neral en la sala del Senado con 33 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones.

Otro ejemplo que citan en la industria es el proyecto de delito ambiental.
Al mensaje enviado por el Ejecuti¬vo en enero pasado, a poco andar -en la comisión de Medio Ambiente del Senado, que preside el senador Guido Girardi-, se sumó otra iniciativa, redactada por el abogado Jean Pierre Matus, que unificó varias mociones que buscan perseguir la responsabilidad penal de los ejecutivos o representantes de las empresas ante hechos de daño ambiental.

"Existe una amplia gama de proyectos sobre materias medioambientales que están en trámite y sabemos que vienen más", reconoce la ministra, poniendo bordes desde el Ejecutivo: las iniciativas que este empujará con fuerza son: la reforma del SEIA, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y la ley marco de Cambio Climático, que está en fase de consulta ciudadana.

Pero la percepción de la industria es que por estar volcado a la organización de la COP25, el Ministerio del Medio Ambiente pudiera no ser capaz de supervisar el avance de todas las iniciativas. "Nos inquieta que la COP 25 se tomó la agenda de la ministra y del ministerio, y el trabajo de otras áreas donde se requiere una labor seria y organizada están descubiertas", dice Paulina Riquelme.

El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, dice que "el Gobierno debería hacerse cargo, seriamente, de las 'emisiones' parlamentarias, o la COP25 va a costarle al país muchísimo más de lo presupuestado".

La ministra Schmidt descarta que el Ejecutivo tenga descubierto el flanco regulatorio y asegura que el equipo a cargo de estas materias no es el mismo que está organizando la COP25.

Diego Hernández advierte que un riesgo de esta efervescencia es que "se está regulando para la galería ( … ). Se presentan proyectos para ver si pasan y quedan ahí pendientes, hasta que en el momento menos pensado se activan, y por eso tenemos que estar pendientes", dice.

"Hay proyectos que son necesarios y bienvenidos. No hay riesgo de que uno diga que se está sobrerregulando ambientalmente. Yo no creo eso. En la medida en que de ahí surjan regulaciones que aporten a dar certeza jurídica, no me parece que sea un problema la sobrerregulación", contrasta Cristián Franz.

En el SEA solo ha 100 funcionarios a cargo de evaluaciones

Más allá de la pertinencia o no de cada proyecto -y sobre todo ahora que la reforma al SEIA quedó priorizada con suma urgencia-, al interior del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) cunde una interrogante. Si la institución será capaz de absorber las nuevas atribuciones que se le asignan en el proyecto, por ejemplo, al expandir la participación ciudadana también a todas las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Además, este proyecto incluye un artículo (el 25 quinquies) en que se establece que excepcional¬mente la Superintendencia o el mismo titular de un proyecto pueden pedir la revisión de una RCA calificada favorablemente, incluyendo las DIA.
El presidente de la Asociación de Funcionarios del SEA, Félix Navarrete, asegura que los recursos adicionales que el proyecto de ley contempla para implementar estas modificaciones -$913 millones el primer año y $868 millones anuales cuando esté en régimen- serán insuficientes para dotar de los profesionales adicionales que requiere este incremento de tareas.

De una dotación total de 335 funcionarios en el SEA, solo 40 son de planta, y los que efectivamente evalúan proyectos son alrededor de 100. "Estamos sobrepasados por la carga actual de trabajo del sistema, por lo que no sería posible responder en tiempo y forma a los nuevos requerimientos asociados a la reforma", explica el dirigente, quien agrega que necesitan mejorar el estándar y reducir los altos niveles de rotación que tienen.

Nuevamente, aquí los números hablan por sí mismos: en promedio, dar respuesta a cada una de las observaciones que se reciben en la evaluación de proyectos requiere 2,5 horas de trabajo de un funcionario y un solo proyecto puede llegar a recibir del orden de tres mil observaciones, como sucedió recientemente con un proyecto inmobiliario en la zona de Plaza Egaña.

Paulina Riquelme advierte también que hay mociones que carecen de sustento técnico, no tienen investigación de fondo y no identifican los efectos que podrían tener sobre el desarrollo y las actividades productivas del país.

Los proyectos que envía el Ejecutivo, en cambio, deben ir acompañados de informes financieros, donde se hacen cargo de los impactos fiscales de las normativas, y también de un informe de productividad, que incluye aspectos como efecto en los empleos.
Representantes de la CPC y la Sofofa se reunieron en los últimos días con las autoridades del Medio Ambiente.

Experto glaciólogo: ''En otros países no se : iconizan los glaciares como se está haciendo en Chile''

Pablo Wainstein es un ingeniero civil hidráulico de la UC, máster en hidrología lacustre y doctor en hidrología glacial y de permafrost. Como experto glaciólogo -revisor de revistas científicas internacionales, como el Journal of Glaciology-, lleva 19 años de carrera especializado en esta materia. Desde la firma BGC En¬gineering, asesora a mineras y también a comunidades a nivel internacional. Por ejemplo, "en el Ártico canadiense asesoramos por varios años a una comunidad indígena", explica al teléfono, contactado para en¬tregar su visión del proyecto de ley de glaciares. Esta es una de las iniciativas más complejas que el Go¬bierno tiene por delante, más allá de su programa en materia medioambiental.

Detalla que en el mundo solo hay dos países que tienen cuerpos legales específicos sobre protección de glaciares: Argentina y Kirguistán. _"Según entiendo, el estado de Alaska permite tener derechos de uso de hielo. Además, en Canadá hay empresas de agua embotellada que obtienen agua abajo de un glaciar y la embotellan, y hay proyectos cuyo camino de acceso es sobre un glaciar. En Noruega hay tomas de agua bajo glaciares cuyo destino es de uso para generación hidroeléctrica", describe.

Wainstein aterriza su visión sobre la protección que debe haber sobre los glaciares.

  • Primero, que dicha protección se evalúe caso a caso, y no como una generalización. No todos los cuerpos de hielo son iguales, ni tienen el mismo rol hídrico. Hay algunos considerablemente importantes y otros no, explica.
  • Segundo, corresponde que esa evaluación se dé en el marco de un estudio de impacto ambiental, ya que en Chile se dispone de la normativa específica, como el Decreto 40 del ministerio de Medio Ambiente -el reglamento del SEIA-, que en su artículo 18 alude explícitamente a los glaciares.
  • Tercero, que el proyecto que está en trámite en el Congreso -tal como la ley Argentina-, presenta dos fallas principales: definiciones que no siguen estándares internacionales y que aluden a aspectos que en la realidad son muy difíciles de determinar geográficamente de manera precisa, lo que abrirá espacios de incertidumbre regulatoria.

"Hay incertidumbres provenientes de definiciones que son desafortunadas y que no siguen estándares internacionales. Si bien en el marco de una ley se pueden dar definiciones solo a 'efectos de esa ley', estas no siempre son apropiadas. En la ley de protección de glaciares en Argentina, y también en la propuesta actual en Chile, se definen aspectos y términos que desafortunadamente no siguen estándares internacionales. Al hacer eso, se genera incertidumbre, porque no sigue la técnica y el estado del arte internacional. Los inversionistas son, por lo general, internacionales y eso es lo que esperan, que un cuerpo regulatorio esté a la altura de estándares internacionales. Ambas incluyen aspectos que geográficamente son muy difíciles de determinar su extensión espacial exacta. Entonces, al no saber exactamente en dónde trazar la línea, se genera incertidumbre, porque el dueño del proyecto no sabe la extensión espacial donde puede o no puede emplazar un proyecto", explica.

¿En Chile se necesita una ley de glaciares para protegerlos?

"La existencia del decreto 40, más la existencia de parques nacionales, ya hace que si uno quiere proteger un sector, lo pueda proteger. El Parque Nacional Bernardo O'Higgins tiene una cantidad considerable de glaciares protegidos como parque nacional, por ejemplo. Esto responde a un ordenamiento territorial que debe ser definido por el Estado. Así también, cualquier proyecto que quiera hacerse en la cercanía de un glaciar, debido al decreto 40, tiene que entrar al SEIA y el regulador puede admitir o no un proyecto. Por ende, no es correcto decir que los glaciares están absolutamente desprotegidos en Chile".

Si este proyecto se concretara, ¿sería compatible con la gran minería en la cordillera de la zona central, con Andina, Los Bronces?

"Hay algunos componentes del proyecto de ley que son complicados para el inversionista. Uno, la posible retroactividad de la aplicación de esta ley. El proyecto hace ver que uno pudiera revisar RCA pasadas que ya han sido aprobadas. Eso genera más incertidumbre. Lo otro es la inclusión en este proyecto de ley de algo que geográficamente es muy difícil de delimitar en forma precisa, que es el ambiente periglacial. Desafortunadamente, el proyecto de ley también presenta definiciones que no son apropiadas, tiene errores al respecto, y pretende o espera que este ambiente periglacial pueda ser delimitado geográficamente en forma bastante exacta. Eso no es factible, va a generar un montón de "ires y venires" técnico-legales que entrampan las evaluaciones y judicializan mucho los procesos de evaluación. Va en contra de una evaluación eficiente. No estoy diciendo que esa evaluación tenga que ser siempre positiva. No, porque el regulador tiene su derecho de aprobar o rechazar un proyecto. Pero sí que sea de manera más eficiente y que no se judicialice y que se entrampe ad infinitum".

¿Cómo se protegen adecuadamente? ¿Es deseable que estén intactos?

"El glaciar es parte del ciclo hidrológico. El agua de todas maneras está saliendo del cuerpo de hielo du¬rante la época estival. El glaciar no la contiene; se derrite el hielo, y el agua fluye en su cuenca. Dependiendo del glaciar, este puede tener efectos de retardar escorrentía en la cuenca, con respecto a los me¬ses pluviales del invierno. Un proyecto hidroeléctrico de pasada, por ejemplo, toma el agua, saca energía de esa agua y después la devuelve a la cuenca. Siempre resguardando caudales ecológicos mínimos. Dentro de la evaluación tienen que saber cuánta agua necesita la cuenca para no ser impactada y cuánta agua un proyecto puede desviar temporalmente para generar energía y después resuplirla a la cuenca. En otros países no se iconizan los glaciares como se está haciendo en Chile.

Si es deseable protegerlos y hacerlos intocables o no, no puedo decir eso, es una decisión de Estado. Mi parecer personal es que lo deseable y estratégico es entender que no todos los glaciares se comportan de la misma manera. Hay glaciares que son muy importantes para la cuenca en que están. Pero hay glaciares chiquititos, que se llaman glaciaretes, que hidrológicamente no son significativos. O hay glaciares rocosos, que su contribución hídrica es en muchos casos insignificante. Al respecto, no se debe confundir glaciares cubiertos con glaciares rocosos propiamente tales, ya que presentan una dinámica totalmente distinta. Por eso es que hay que evaluar la situación uno a uno si un cuerpo de hielo es estratégico o es hidrológicamente insignificante. Creo que la presencia de glaciares como parte del ciclo hidrológico debe ser evaluada en un estudio de impacto ambiental apropiado y con un nivel técnico alto. Se debe tener una evaluación caso a caso y no una generalización global".

Cristián Franz y el nuevo proyecto de reforma al SEIA: "La principal debilidad que tiene es terminar con la participación ciudadana anticipada. Es ineficiente"

El exsuperintendente de Medio Ambiente y consultor, Cristián Franz, plantea sin tapujos que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) "quedó completamente obsoleto. Derechamente, está obstruyendo el desarrollo de ciertas iniciativas", y entra de lleno a evaluar la anterior iniciativa y los cambios introducidos a ella con el nuevo proyecto enviado esta semana. Plantea que la propuesta original del Gobierno "estaba mal concebida", por lo que cree acertado que la nueva termine con las comisiones macrozonales. "Mantener las comisiones regionales es muy sensato. El problema de la lentitud del sistema no pasa por ahí, y la intervención política tampoco creo que sea crítica a ese nivel", dice. "Donde sí ha sido crítico es en los recursos de reclamación de RCA ante el director ejecutivo o ante el Comité de Ministros", dice. Por ello, "es muy buena noticia que las reclamaciones de RCA vayan directo al Tribunal Ambiental, sin pasar por estas instancias políticas", agrega.

Hasta ahí, a ojos de Franz, el acierto de la nueva propuesta. Porque respecto de terminar con la Participación Ciudadana Anticipada, su visión cambia. "Proponer su retiro me parece una mala idea. Lejos de eliminar instancias de participación previa, lo que hay que hacer es crearlas y fortalecerlas. Todo lo que se haga por llegar a presentar los proyectos en etapa de idea, recibir comentarios de las comunidades y ahí definir si es o no viable, es lo mejor. El sí de un proyecto tiene que ser definitivo y el no, anticipado. Saber lo antes posible si hay o no agua en la piscina para desarrollar un proyecto, y no seguir gastando ni tiempo ni plata", cree, precisando, eso sí, que de retomarse la participación ciudadana anticipada, descartaría de plano que sea ratificada ante los tribunales ambientales. "Me parecería completamente desquiciado, absurdo y contraproducente, invita a la judicialización".

Franz agrega otros dos elementos que debieran considerarse para agilizar la tramitación de proyectos. Uno, que ni siquiera requiere proyecto de ley, es una fórmula que contemple indicadores de gestión, cumplimiento de metas y plazos en servicios y organismos sectoriales encargados de permisos, asociada a castigo presupuestario si no cumple. Y dos, llama a hacerse cargo de los recursos de invalidación que pueden presentar terceros y que los tribunales han aceptado como válidos en materia ambiental.

De acuerdo a esta normativa, quienes no han tenido relación con un proyecto y no han sido parte de su trámite haciendo observaciones, de todas formas tienen derecho a esta herramienta legal y con un plazo de prescripción de dos años, lo que estima debiera rebajarse a seis meses. "Esto hay que resolverlo. La modificación de la ley tiene que incorporar la limitación de este recurso de invalidación con un tiempo más acotado", cree.

Sumando y restando, ¿el nuevo proyecto cumple su objetivo de destrabar proyectos?

"Representa un avance, una mejora respecto de lo que tenemos hoy día. Pero obviamente no es el óptimo ( … ) Ese proyecto que se presentó no sirve. La principal debilidad que tiene es terminar con la participación ciudadana anticipada. No aporta nada para resolver el problema, es una propuesta ineficiente".

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